El 1 de abril entró en vigor una nueva forma de controlar telemáticamente los viajes que realizan en España todas las firmas titulares o intermediarias de servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Empresas como Uber o Cabify deben notificar cada viaje que realicen en un registro público online del Ministerio de Fomento.
Tras pasar el periodo transitorio de dos meses para probar la operatividad de la web, estas plataformas ya se enfrentan a multas de entre 601 y 800 euros por viaje si no cumplen con esta normativa.
Las claves de esta normativa
¿En qué consiste este control telemático? En cada viaje, las VTC deberán introducir su nombre, NIF o NIE, lugar y fecha de celebración del contrato, matrícula del vehículo y lugar, fecha y hora de inicio del servicio así como de su finalización en el registro web, de acuerdo a la Resolución de 15 de marzo de 2019 de la Dirección General de Transporte Terrestre.
¿Por qué se lleva a cabo? Este registro de comunicaciones a la Administración tiene el objetivo de controlar la actividad de empresas como Uber o Cabify y es la forma que el Gobierno central tiene de garantizar que este servicio cumple las características fijadas en la ley tras la denominada guerra del taxi.
¿Quién se encarga de inspeccionar que las VTC hagan los deberes? Tras la aprobación en octubre de 2018 del Real Decreto Ley por el que se modificó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, se limitó la actividad de las VTC y se traspasó su regulación a Comunidades Autónomas. Por lo tanto serán los servicios de inspección del transporte de cada región junto a la policía municipal los que tendrán la capacidad de sancionar a este tipo de transporte urbano.
¿Por qué pueden ser multadas? Por ejemplo, si un conductor de VTC no cuenta con la documentación que acredita la comunicación de cada viaje a Fomento, o no lo ha hecho correctamente se enfrenta a una multa de entre 401 y 600 euros por viaje. Si a la luz de los datos emitidos al registro se detecta que un conductor ha excedido el límite de viajes que puede hacer fuera de su comunidad, que está fijado en el 30 % de los servicios totales, la multa puede ascender.
Desde que el Gobierno aprobase el mencionado Real Decreto Ley, cinco comunidades han aprobado regulaciones para los vehículos de alquiler sin conductor: el País Vasco, Madrid -que acumula casi la mitad de vehículos VTC de España -, Baleares, Aragón y Valencia. Y todas ellas fijan un tiempo mínimo de contratación.