La entrada en vigor del Decreto ley 1/7/2022 el próximo 30 de septiembre en Cataluña es la última puntilla del Govern a las VTC, pues con los nuevos requisitos que han de cumplir las compañías de VTC como Cabify, Uber y Bolt si no quieren enfrentarse a sanciones astronómicas, tienen muy difícil su supervivencia. Pero ya se sabe: “Hecha la ley…”
Bolt ha tirado de ingenio y, a pesar de ser una de las VTC “más jóvenes” en España, no parece dispuesta a rendirse. Así, ante la obligatoriedad de usar vehículos de al menos 4,90 m de largo para poder operar -una de las medidas más polémicas- ha respondido con unos paragolpes añadidos en la parte trasera de sus coches.
A medidas ‘exageradas’, soluciones surrealistas
Con el fin del denominado “Decreto Ávalos” se acaba ‘la tregua’ en la encarnizada lucha que lleva librándose entre el sector del taxi y las VTC desde hace años. Además, como la reglamentación de los VTC pasará de ser una competencia estatal a autonómica, las CCAA están empezando a jugar sus bazas.
Madrid ha preferido no cambiar nada, pero Cataluña ha elegido echar más leña al fuego que lleva especialmente encendido desde 2019, y ha optado por endurecer la normativa que regula los VTC una vez más, dejándolas prácticamente inoperativas y blindando el taxi.
La normativa Catalana aprobada por el Govern con el apoyo del PSC que entra en vigor de forma inminente, es aplicable durante dos añosy con opción a prorrogarse otros dos más, introduce una serie de nuevos requisitos para que las VTC puedan operar en el Área Metropolitana de Barcelona que han caído como un jarro de agua fría en el sector.
Uno de los más restrictivos es que los vehículos adscritos a las licencias han de tener una longitud mínima de 4,90 m, condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros y que dejará fuera de servicio a la casi totalidad de la flota de coches que prestan actualmente servicio en Cabify, Bolt y Uber.
Además, no se admitirán coches nuevos que no dispongan de la etiqueta ECO (coche híbrido) o CERO (coche híbrido enchufable PHEV o eléctrico).
Bolt, que ha publicado un comunicado en el que muestra su descontento con la normativa catalana y asegura que “hay sólo 3 vehículos en el mercado que cumplen con los requisitos y todos con un coste por encima de los 100.000 euros”, ha recurrido a una solución cuanto menos, llamativa: alargar sus coches con una especia de paragolpes con mensaje.
Con su color corporativo de fondo, pone: “no es solo un parachoques, es la nueva normativa que exige VTC de 4.90 metros”. ¿Servirá? De momento parece más un parche que una medida con futuro estable, pero habrá que esperar cómo contraataca el Govern, que ya debe estar escudriñando el texto legal en busca de huecos que se le hayan podido escapar.
“No pensamos que esta sea la solución ideal, pero es la mejor manera de proteger los intereses de nuestros usuarios, de los autónomos y pequeñas flotas a corto plazo y, al mismo tiempo, de enviar un mensaje sobre esta regulación tan perjudicial que está imponiendo la ciudad”, han dicho al respecto en un comunicado.
Lo cierto es que este añadido no parece del todo práctico a la hora de conducir y maniobrar (más, en el el entorno en el que se desenvuelven habitualmente las VTC)... ni mucho menos seguro en el caso de un impacto contra otro vehículo, o peor aún con un usuario vulnerable como los conductores de VMP y ciclistas, los motoristas o los peatones.
El encargado del negocio de VTC y taxis de la compañía, Daniel José Georges, ha asegurado en una entrevista que el parachoques está homologado “cumpliendo los parámetros de Industria y de la ITV, de manera que podemos incorporarlo a la ficha técnica". Según él, el coste de la modificación supondrá menos de 1.000 euros.
En el momento de publicar este artículo, por el momento no hemos podido contactar directamente con personal de Bolt que nos arroje algo de luz sobre las dudas que nos asaltan en torno a esta información acerca de la homologación de su parachoques metálico.
Menos de un 1 % cumple los requisitos
Según datos de ANFAC, en 2021 se matricularon en España 859.477 turismos y todoterrenos, de los cuales solo 8.544 medían más de 4,90 metros: menos del 1 %. Para hacernos una idea, en el caso de las berlinas, ni siquiera el Skoda Superb o un Mazda 6 (ambos en torno a los 4,87 m) pasaría el corte para VTC.
Los grandes SUV de siete plazas podrían ser una alternativa, aunque a priori no parece viable por las empresas de VTC, que operan principalmente con coches como el Hyundai Ioniq híbrido o el Skoda Octavia, frente a los Toyota Prius o Ford Mondeo que tanto se usan en el sector del taxi (y que tampoco alcanzan esta medida).
Lo más probable es que la mayoría de las futuras flotas se acabe componiendo de furgonetas, como el Mercedes Clase V, el Volkswagen T6 o el nuevo Hyundai Staria.
Mientras tanto en Cataluña hay unas 4.000 licencias de VTC autorizadas, de las cuales el ejecutivo catalán calcula que solo 1.455 están realmente activas, frente a las 10.500 licencias de taxis del Área Metropolitana de Barcelona, de un total de 12.300 en toda Cataluña.
La nueva normativa catalana recoge también la necesidad de disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta 50 millones de euros por daños (análogo al seguro de los taxistas), que los conductores tengan dos años de antigüedad en su permiso de conducir B o superior, y al mismo tiempo los ayuntamientos podrán exigir a los conductores formaciones específicas adicionales.
Asimismo, mantiene las restricciones ya existentes, como los 15 minutos de espera antes del comienzo del servicio, prohibición a sistemas de geolocalización y a estacionar en la vía pública.
Bolt y Cabify, con el apoyo de varias asociaciones como Unauto o la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Feneval) ya han expresado su intención de seguir operando en España con los recursos legales que tengan, e incluso han pedido auxilio a Bruselas.
Cabify aseveró el pasado mes de julio que la regulación catalana promueve "la práctica eliminación de un sector que aporta soluciones de movilidad a más de un millón de usuarios" y asegura que se ha adaptado a la normativa vigente en cada momento.
