La tempestad no ha acabado para las VTC. Tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto Ley que ponía en manos de las autonomías y ayuntamientos la regulación de este sector, en conflicto directo con el taxi, algunas de las regiones en las que operan ya han comenzado a dar luz verde a nuevas normativas. Es el caso de Cataluña, que se saldó con el fin de actividad de Uber y Cabify en Barcelona, y pronto será el la Comunidad Valenciana.
Y parece que ambas empresas tomarán el mismo camino en Valencia que el emprendido en la ciudad condal si el anunciado decreto ley elaborado por la Conselleria de Obras Públicas, que también limita su actuación, se aprueba este viernes.
Así lo ha confirmado a la Cadena SER Ricardo González, portavoz en Valencia de Unauto, la patronal del sector VTC: tanto Uber como Cabify dejarán de operar en Valencia cuando entre en vigor la nueva normativa. Así, las VTC pretenden presionar a la Generalitat como también lo hicieran en Cataluña.
El motivo, según ha explicado González, es que este nuevo decreto ley, al igual que el aprobado en Barcelona, pretende obligar a estas empresas a la precontratación de sus servicios con un margen mínimo de 15 minutos, pudiendo ser ampliable por los ayuntamientos. Y de hecho el de Valencia, ya había avanzado su intención de extenderlo a una hora, según informa Las Provincias.
Está por ver si idéntico órdago es cumplido o no por Cabify y Uber. No en vano, pese a anunciar su marcha a finales de enero, la VTC española reanudaba su actividad en Barcelona sólo un mes después.
Viabilidad jurídica
El portavoz de Unauto Valencia ha asegurado que este 'decreto a la catalana' que la Generalitat Valenciana pretende aprobar es inconstitucional, atentando con el artículo 38 de la Carta Magna donde se recoge la libertad de empresa, así como las directrices europeas en las que se permite la unidad de mercado. En definitiva, el mismo argumento que han enarbolado en anteriores ocasiones desde que comenzara el conflicto VTC-taxi.
Sin embargo, la normativa ya ha recibido luz verde en este sentido por parte de la Abogacía de la Generalitat, que validaba el pasado viernes la "viabilidad jurídica del proyecto" por razones de "extraordinaria y urgente necesidad". De igual manera, considera que está dentro de la legalidad estipulada por las regulaciones estatales y comunitarias.
Así, ese mismo día la Conselleria de Obras Públicas confirmaba que iba a continuar con la tramitación del decreto ley, cuya aprobación se someterá a votación en el pleno del Consell, que tendrá lugar mañana. No obstante, de recibir el apoyo necesario, su puesta en marcha no será inmediata y deberá pasar por la diputación permanente de Les Corts para su convalidación definitiva.
Además del tiempo mínimo de contratación, la normativa contempla la prohibición de la geolocalización o el estacionamiento en la vía pública, exactamente los mismos puntos que recoge el decreto ley aprobado en Cataluña.
¿Cuentan las VTC con el apoyo 'del pueblo'?
No ha sido casualidad que Unauto haya hecho coincidir este pulso al gobierno valenciano con la presentación de una encuesta de opinión encargada a Metroscopia. En este sondeo, se ha cuestionado a los ciudadanos sobre su valoración de las VTC en general, así como de los últimos cambios normativos que las rigen.
Y según los resultados, que recoge El Español, el 67 % de los encuestados opina que las autoridades no deberían limitar la aparición de nuevas formas de movilidad como Uber y Cabify y un generoso 81 % considera que "se debería liberalizar el sector para que tanto el Taxi como las VTC puedan prestar servicio en las mismas condiciones".
Asimismo, según esta encuesta, un 60 % de los españoles estima que la regulación del conflicto VTC-taxi debería competer al Gobierno y no a las autonomías, y sólo un 16 % opina que las autonomías son las que debieran mediar.
Por último, un 77 % de los encuestados afirma valorar negativamente la regulación VTC aprobada en Cataluña, mientras que un 64 % está en sintonía con la decisión de la Comunidad de Madrid, que tras quince días de huelga, no accedió a las demandas del taxi.
