La aprobación del Real Decreto Ley (RDL) que limita la actividad de las VTC y que traspasa su regulación a Comunidades Autónomas (CCAA) y ayuntamientos está trayendo consigo las primeras consecuencias: según El Mundo, las entidades financieras, que nunca ven con buenos ojos la incertidumbre, han elevado a nivel de riesgo la deuda que mantienen las grandes entidades de este sector.
Una de las demandas principales del taxi para con el decreto ley promulgado por el Gobierno era la limitación de licencias VTC: si bien el 30/1 en favor del taxi no se ha contemplado finalmente, sí que se limitará la actuación de las empresas VTC en los entornos urbanos. Éstas disponen de un margen de cuatro años, más una moratoria de dos si no consiguen amortizar la financiación, para seguir ofreciendo sus servicios en trayectos urbanos.
A partir de ese momento, deberán solicitar una licencia urbana a las CCAA, que a su vez deberán conceder los ayuntamientos, que además tendrán la potestad de modificar aspectos como los recorridos mínimos y máximos que podrán realizar, así como las especificaciones de los vehículos utilizados. Así, el Ejecutivo ata en corto la proliferación de las VTC, además de pasarle la pelota a los gobiernos locales.
Esto ha tenido una incidencia inmediata en la visión a medio y largo plazo de estas empresas, en las que las entidades financieras juegan un gran papel, ya que apostaron fuerte por este negocio en su momento. Mientras, las VTC temen no recobrar las inversiones realizadas.
Los bancos blindan los créditos
Según publica el diario El Mundo, en total, la deuda que mantienen actualmente las empresas VTC, entre las que se destacan Uber y Cabify, asciende a 300 millones de euros estando repartidos entre los principales bancos de nuestro país. Estos prestamos han sido concedidos a estas entidades tanto para la financiación de licencias, cuyo valor supera los 50.000 euros por autorización, así como para cubrir el arrendamiento de los vehículos de las grandes flotas.
Tras la aprobación del RDL, los bancos han trasladado parte de los prestamos concedidos al departamento de riesgos a consecuencia de la clara incertidumbre que se cierne sobre el negocio de las VTC.
"Es una pena, pero la regulación se ha cargado un negocio en el nuevo sector digital que tanto se quiere promocionar", explica una de las entidades bancarias que ha apoyado a varios empresarios VTC según recoge El Mundo. En esta entidad, que no revela el diario español, los créditos concedidos han pasado a estar más vigilados y los nuevos, clasificados de alto riesgo, exigirán más garantías, además de elevar el precio para acceder a la financiación, lo que complicará su obtención.
Los bancos apostaron por este negocio a sazón de su rápida expansión, por lo que, en su momento, lanzaron fórmulas financieras como los créditos sindicados, que multiplicaban la capacidad de apalancamiento y permitían dividir el riesgo. No obstante, a la sombra del nuevo decreto ley, según asegura El Mundo, varios bancos españoles decidieron retirarse de esta financiación intuyendo las limitaciones que podría sufrir el negocio de las VTC y, en consecuencia, su posible cambio de negocio.
Futuro incierto
El futuro pinta en bastos para las empresas VTC, aunque no se puede asegurar a ciencia cierta lo que pasará dentro de seis años. Durante este periodo convivirán con los taxis en entorno urbano y, pasado el periodo, dependerán de las autoridades locales para seguir operando dentro de las ciudades.
En definitiva, lo que ha hecho el Ejecutivo es 'quitarse el marrón de encima' trasladando las autorización de licencias a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos. No obstante este movimiento beneficia claramente al taxi, no sólo por que obliga a las VTC a solicitar una segunda licencia pasado el periodo de gracia, sino también porque las autoridades locales son más susceptibles de ceder ante la presión del taxi, tal y como ocurría en Barcelona este verano.
No obstante quedan muchas dudas sin resolver. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha asegurado que taxi y VTC deben coexistir y adaptarse a nuevas fórmulas, la pregunta clave es cómo lo harán. Si las empresas de arrendamiento no consiguen la licencia urbana tras los seis años de margen, sólo podrán ofrecer trayectos interurbanos. ¿Esto significa que los taxistas renunciarán a este tipo de carreras, normalmente más rentables? No tiene pinta.
La bola de cristal no la tiene nadie y dependerá de cada ayuntamiento: estamos ante un panorama incierto y la respuesta sólo la tendremos según avance el tiempo. A las VTC sólo les resta ver 'como se acerca el invierno'.