La Comisión Europea se ha dotado de un mayor poder en el campo de la homologación de los coches en Europa gracias a una nueva ley para prevenir que se vuelva a repetir un caso como el Dieselgate de Volkswagen.
La Comisión Europea tiene ahora el poder de infligir una multa de 30.000 euros por cada coche defectuoso, así como de ordenar llamadas a revisión. Esta ley aprobada por el Parlamento Europeo hoy hace que la Comisión Europea tenga casi los mismos poderes que las EPA (Environmental Protection Agency) y NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) estadounidenses.
Cuando se desató el Dieselgate en Estados Unidos, todos tomamos consciencia del poco poder coercitivo que tenían los países europeos y la Unión Europea sobre las empresas que infringían las normas. También puso de manifiesto algo que ya se sabía desde décadas, nuestro sistema de homologación de consumos y por ende de las emisiones era un chiste.
Cambiar la manera de homologar los consumos y emisiones de los coches en Europa era algo que ya estaba previsto, pero al igual que con los coches eléctricos del grupo Volkswagen, el Dieselgate aceleró el proceso. Ahora, con la nueva norma WLTP y la obligación de comprobar los consumos y emisiones en carretera en condiciones reales de uso (y no en un laboratorio como en el NEDC), se ha avanzado hacia algo más de transparencia para el público. Pero, la U.E. seguía sin tener una autoridad similar a la EPA o a la NHTSA.
Es verdad que la nueva ley, cuya ratificación final será el próximo 22 de mayo (es considerado una formalidad), se queda a un paso de un crear un organismo único y supranacional para la homologación de los coches en los países miembros. Aún así, pone las bases para que la Comisión Europea pueda actuar como la EPA o la NHTSA.
Poderes similares a los de la EPA y la NHTSA
La nueva ley permitirá a la Comisión Europea comprobar la homologación de los coches que ya estén en el mercado. Que un modelo haya superado la homologación de un país miembro no lo exime de nuevos tests ordenados por la Comisión Europea.
Deja también la libertad a cada país miembro de ordenar una llamada a revisión de un modelo ya homologado por otro país miembro si tiene sospechas que ese modelo puede suponer una amenaza para el medio ambiente o la seguridad.
Por último, obligará a los fabricantes a desvelar los protocolos del software de sus coches, en un evidente intento de evitar trampas en las homologaciones al estilo Volkswagen.
La medida estrella, sin embargo, es la de poder multar a un fabricante con 30.000 euros por coche defectuoso. En el caso del Dieselgate de Volkswagen, que supuso la llamada a revisión de 8,5 millones de coches en la Unión Europea, habría supuesto para el Grupo Volkswagen una multa máxima de más de 25.000 millones de euros. En Estados Unidos, por casi medio millón de coches, la multa fue de 4.000 millones de dólares.