La Guardia Civil ha cerrado, tras 22 años de investigación, una trama en la que se vio envuelto el expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, desde 1997. Esta supuesta red de corrupción pudo haber obtenido más de 317 millones de euros a raíz de la privatización del sector de las ITV en 1997, según informa la agencia EFE.
Así, las revisiones técnicas se convirtieron en la Comunidad Valenciana en las más caras del país, pasando de 18 a 46 euros entre el año 2000 y 2003. Un aumento de tarifas que, según recoge eldiario.es, sigue vigente 20 años después.
Una trama orquestada
Fue en 1998 cuando el Gobierno de Zaplana procedió a externalizar -amañando el concurso y sin justificación, según Antifraude- un servicio que era público y que gestionaba la empresa Sepiva, el de las ITV.
La operación fue dirigida por el que era su jefe de gabinete, Juan Francisco García, y el entonces secretario general de la Conselleria de Industria, Juan Antonio Manteca Pérez.
Años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieron los derechos por decenas de millones de euros. Con la privatización del servicio de ITV, en Valencia se llegó a triplicar el precio de las inspecciones técnicas.
Según informes internos del Consell citados por el diario.es, las ITV facturaron entre 1998 y 2009 cerca de 317 millones de euros extra de los previstos en los cálculos iniciales; un monto que iba directamente para las empresas sin contraprestación para la Administración.
El motivo de este desajuste se debe no solo a un crecimiento progresivo del parque automovilístico, lo que implica más revisiones obligatorias, sino a la introducción de dos nuevas pruebas: la de gases de escape y la de inspección sonora.
Esta última prueba, que se introdujo en 2004 en la Comunidad Valenciana, generó a la red un incremento de la facturación de 60 millones de euros. Y es que su precio también se inflaba, pasando de 2,4 euros hasta 10. Todo forma parte a su vez del llamado Caso Erial.
En 2014 el Gobierno de Alberto Fabra decidió bajar esas tarifas.
En la mayor parte de las comunidades autónomas existe el régimen de concesión pública para la explotación de las estaciones, salvo en Madrid, donde son privadas, y algunas otras en las que las explota directamente la administración autonómica a través de empresas públicas, como en Andalucía (Veiasa), Asturias (Itvasa) o la Comunidad Valenciana (Ivace).
En octubre de 2019 la asociación de consumidores Facua elaboró un estudio sobre el precio que se paga en cada comunidad para pasar la ITV. Según el informe, Madrid es donde más caro sale pasar la ITV, seguido de Murcia y Mallorca.
En el dado opuesto está Extremadura, Navarra y Andalucía. En la Comunidad Valenciana la media para la inspección técnica de un coche diésel se sitúa en 44 euros, mientras que para uno de gasolina son poco más de 40 euros.
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