La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España no es una situación fácil. A partir de ahora el ejecutivo tendrá que lidiar con la difícil tarea de marcar la diferencia con una mano atada, pero también tendrá que tomar medidas sobre temas que desde la oposición se mostraban completamente contrarios. Por ejemplo: Las carreteras de peaje españolas que tan bien nos vendieron en 1972.
Numerosas voces del Partido Socialista así como buena parte de los apoyos que constitucionalmente les han llevado al poder reclamaban la desaparición de los peajes en 1.000 kilómetros de autopistas con las concesiones vencidas. Un buen lote de estos vencimientos comenzarán desde el próximo mes de noviembre y hasta 2021, y las decisiones que tome el PSOE serán absolutamente determinantes.
Noviembre, un mes crucial para las autopistas de peaje
La política de autopistas de peaje pasará por un momento crítico cuando el Ministro de Fomento José Luis Ábalos decida qué se va hacer con las autopistas de peaje. Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Valencia son las autonomías afectadas; las autopistas son las siguientes:
- AP-1 Burgos-Armiñón (Álava)
- AP-2 Zaragoza-corredor Mediterráneo
- AP-4 Sevilla-Cádiz
- AP-7 Alicante-Tarragona
- AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol
Los gobiernos autonómicos son del PSOE o de partidos que han apoyado la llegada de Sánchez a La Moncloa. Ahora estos partidos previsiblemente exigirán la liberalización del pago de las autopistas de peaje como han venido reclamando al Partido Popular.
Esta reclamación especialmente revindicada por PDeCAT y ERC en Cataluña (sólo en la AP-7 y AP-2, que están en manos del gobierno central) es compartida por el PSOE en los consistorios autonómicos en manos de Susana Díaz (Andalucía), Ximo Puig (Valencia) y Francisco Javier Lambán (Aragón). Es más, el propio Ábalos se lo solicitó a su homólogo saliente, Íñigo de la Serna: "Estamos a favor de la liberalización de los peajes cuyas concesiones hayan terminado; deben revertir a lo público".
Ahora bien, el Ejecutivo anterior tenía estimado un ingreso de unos 1.000 millones de euros volviendo a reprivatizar las autopistas con los vencimientos cumplidos. Un montante casi irrisorio teniendo en cuenta los 2.000 millones que se van a pagar, entre 3.400 y 5.500 millones de euros entre rescate y pérdidas de las autopistas quebradas, y los casi 1.500 millones que el Estado deberá pagar a Abertis por la caída de clientes sólo en la AP-7.
La primera autopista sobre la que habrá que decidir es sobre la AP-1 (Burgos-Armiñón) cuya concesión acaba el 30 de noviembre de 2018. Si el ejecutivo decide suprimir el peaje en esta carretera se sentará un poderoso precedente que podría levantar la mano sobre el resto de concesiones cuyo vencimiento cumpla en los próximos años.
La patronal de constructoras y concesionarias Seopan ha tirado de crispación al calificar esta posibilidad. Julián Núñez, su presidente, ha calificado de caos y disparate el levantamiento de los peajes pues se pasaría de 3.500 camiones a 8.000 transitando por la AP-1. Núñez igual se olvida de que el tráfico de la red completa de carreteras va a ser el mismo.
