Las gasolineras no le ven tanto problema a la obligación de instalar puntos de recarga para coches eléctricos (por ahora)
Las alarmas saltaron la semana pasada cuando el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, presentó ante los medios de comunicación el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En éste se incluyen varias medidas que no han estado exentas de polémica, como es la prohibición de comercializar vehículos que emitan CO₂ a partir de 2040, así como obligar a las estaciones de servicio a instalar puntos de recarga para coches eléctricos.
Sin embargo estamos ante un borrador que ni siquiera ha sido aprobado, y que, al ser publicado ante los medios, busca recabar la opinión del sector. ¿Realmente las gasolineras tendrán un futuro tan negro como no pocos se han atrevido a opinar?
¿Qué dice este anteproyecto de Ley de Transición Energética?
Analicemos lo que se recoge en el texto del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado por el Ejecutivo socialista en lo que respecta a las gasolineras.
Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos con un volumen anual en 2017 agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 10 millones de litros, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas en un plazo de nueve meses, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto. La energía eléctrica suministrada para la recarga deberá tener garantía de origen renovable.
Es decir, la normativa, de ver la luz, obligaría a aquellas estaciones que tuvieron un volumen anual de 10 millones de litros o superior a instalar puntos de carga para coches eléctricos en el plazo de un año. Repetimos: si la Ley es finalmente aprobada en dichos términos.
Por su parte, la exigencia es la misma para las gasolineras con un volumen de entre 5 y 10 millones de litros de carburantes anuales, pero ofreciendo un plazo algo más amplio: 15 meses en vez de doce. Finalmente, el borrador contempla que:
En el caso de que en una provincia, Ciudad Autónoma o isla no exista ninguna instalación de suministro de combustibles y carburantes a vehículos que cumpla con las condiciones establecidas en los apartados primero o segundo, los titulares de las instalaciones que, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales agregadas de gasolina y gasóleo, conjunta o individualmente alcancen al menos el 10% de las ventas anuales totales en las citadas áreas geográficas, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas, en un plazo de quince meses a contar desde la publicación del listado de instalaciones obligadas, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW de origen renovable, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto
Lo que se traduce en que aquellas estaciones con menos de 5 millones de litros anuales, si engloban el 10% de las ventas totales de dicha zona geográfica, también deberán instalar puntos de recarga eléctricos en un plazo de 15 meses.
Su aprobación no será mañana
Lo primero que hay que remarcar es que este anteproyecto de Ley no tiene un plazo fijo para su aprobación. Aunque bien es cierto, como recuerda Cinco Días, que el Ejecutivo deberá presentar ante Bruselas, antes de que finalice 2018, el Plan Nacional de Energía y Clima, donde deben recogerse tanto objetivos para luchar contra el cambio climático, como un calendario y metas de reducción de emisiones.
Al no haberse iniciado el trámite de la Ley de Climático y Transición Energética, dicho plan quedaría incompleto, de ahí la necesidad de lanzar la futura normativa. En definitiva, hay prisa. Pero estamos hablando de un cambio en el modelo de negocio que afectará no sólo a las estaciones de servicio, sino también a la propia gestión de las mismas por parte del Gobierno (impuestos, licencias...). La premura no es buena compañera en este caso.
Sea como fuere, por el momento hablamos de una normativa embrionaria y no definitiva. Como ocurre en estos casos, primero debe presentarse ante el Consejo de Ministros y, de no ser rechazado o sometido a modificaciones, se eleva al Congreso de los Diputados donde pasa a debatirse y da plazo a la presentación de enmiendas. De aprobarse, pasaría finalmente al Senado.
El proceso se extiende, de media, en unos cinco meses. Pero si encima hablamos de una regulación con no pocas voces en contra, es de esperar que vaya para largo. En resumen: no será mañana y seguramente el texto recibirá modificaciones. El globo sonda está enviado, eso sí.
"Los actores ya han salido a escena sin haber guión"
Volviendo al contenido el anteproyecto, como vemos, primeramente obligaría a las estaciones de mayor volumen de negocio a instalar postes de carga para vehículos eléctrificados, es decir, a priori las estaciones pequeñas, como pueden ser las de negocio familiar, estarían exentas. Por ello, visiones catastróficas como la de Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), recogida por El Confidencial no se sostienen: "Meter ahora un punto de recarga eléctrica en estaciones familiares es buscarles la ruina. Cerrarán e irán al paro", comenta.
Por otro lado, cabe preguntarse cuántas estaciones de servicio se verían afectadas por la medida. Por el momento, las grandes petroleras prefieren callar. “No queremos dar información a la competencia”, indicaba Cepsa a Cinco Días. La Sexta Noticias sí se ha atrevido a mencionar una cifra: más de 1.000 gasolineras de las casi 11.500 que hay en España.
En general, hay muchas preguntas sin responder. Demasiadas como para que haya habido no pocas declaraciones y reacciones al respecto. De esa opinión es Vicente Artigas Sorroche, secretario de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona (APESBCN). "Me sorprende que hayan salido tantas declaraciones. Todo está por matizar, debemos ser prudentes, ya que todavía no sabemos si se va a llevar a cabo. Para empezar, habría que preguntarse si el Gobierno puede obligar a las gasolineras a instalar puntos de recarga", expone.
Dos de las principales energéticas de nuestro país, Endesa e Iberdrola, ya han presentado ambiciosos planes de cara a los próximos años. Ambas contemplan la instalación masiva de puntos de recarga para coches eléctricos, tanto en ciudades como en las principales carreteras de nuestro país. En este último caso, se entiende que lo harán a través de las gasolineras, lo que se traduce en la firma de contratos con las mismas.
Es decir, las eléctricas en este caso se harían cargo de la instalación y mantenimiento, pero a cambio buscarán exclusividad. Al igual que ocurre con el globo sonda lanzado por el Ejecutivo, los planes de Endesa o Iberdrola prometen muchos puntos de carga de aquí a los próximos cinco años, pero no desvelan cómo lo harán. De nuevo más incógnitas.
Si el Estado recauda menos por los carburantes...
La transición hacia la descarbonización, con Bruselas exigiendo reducir los niveles de CO₂, pasa por planes acelerados por parte de los Gobiernos que no sabemos si la industria va a poder asumir en los plazos acordados. Según este anteproyecto, se sugiere que para 2040 los coches con motores térmicos, lo que incluye híbridos y modelos de gas natural y Autogas, dejen de comercializarse.
Como bien reflexionamos en su momento, para la industria del automóvil, 2040 es pasado mañana: pasar de la combustión a la electrificación pura en poco más de 20 años es poco menos que ciencia ficción.
Pero es que además, el Ejecutivo se ha atrevido a lanzar la piedra, sin tener en cuenta otras cuestiones determinantes, por ejemplo, cómo se sustituirá la recaudación que hoy se obtiene de los impuestos del carburante. "Nos produce cierto sonrojo que el Gobierno realice este anuncio sin tener en cuenta el impuesto de hidrocaburos. ¿Cómo se va a sustituir?", se pregunta Artigas Sorroche.
En 2017 se ingresaron en las arcas del Estado 10.881 millones de euros en concepto de ingresos tributarios correspondientes a los hidrocarburos. Respecto a 2018, entre enero y julio se han recaudado 6.540 millones de euros, lo que supone un pequeño incremento respecto al mismo periodo del año pasado (+1,65%). Es previsible por tanto, que este 2018 la recaudación sea mayor. Por no mencionar que en los próximos años, si finalmente el gravamen del diésel se equipara al de la gasolina, se elevará aún más.
Según datos de 2016, los llamados impuestos verdes, lo que incluye el de los combustibles fósiles, representan el 1,9% del PIB. Estamos lejos de la media de la UE, que se fija en el 2,4% y Bruselas ya nos ha dado un toque por ello, de ahí que se haya puesto sobe la mesa la subida al diésel.
Por lo tanto estamos ante un escenario que plantea más impuestos para los hidrocarburos y otro en el que su recaudación comenzará a bajar si, efectivamente, comienza a electrificarse el parque de vehículos español. Esto podría traducirse en que el precio de la electricidad podría dejar de ser tan barato en comparación con los combustibles fósiles. Las gallinas que entran por las que salen.
Obligados a diversificar un negocio ya diversificado
Ballenoil, que es la empresa líder de la red de gasolineras 'low cost' españolas también ha mostrado su preocupación sobre si esta medida obligará a las gasolineras a diversificar su negocio. Como publica El Confidencial, David Querejeta, director de expansión y copropietario de Ballenoil, asegura que: "Si nos obligan a poner postes de luz no lo vamos a hacer. Cerraremos el negocio o nos reconvertimos a otra cosa, venderemos palomitas o chuches. Así de sencillo".
Si bien en las gasolineras de tipo low cost, se ahorran costes en personal así como en servicios como tienda, no ocurre así con un buen grueso de gasolineras pertenecientes a las mayores petroleras. De hecho, desde hace años las estaciones de servicio ya han diversificado su negocio incluyendo pequeños supermercados en el que se puede comprar todo tipo de artículos: comida, bebida, prensa, juguetes... la lista es larga.
Y es un negocio tremendamente rentable, ya que su precio puede verse incrementado hasta en un 300% en comparación con el fijado por este tipo de productos. Por poner un ejemplo, la botella de agua que nos cuesta cerca de 50 céntimos en un supermercado, puede llegar hasta casi los 2 euros en una gasolinera. Es un caso personal, pero recuerdo pagar 8 euros en una Cepsa en la AP-6 por unas patatas Pringles y una Coca-Cola de medio litro.
Competencia en los aparcamientos de los centros comerciales
Y hay otro asunto que preocupa al sector de las gasolineras 'low cost': la competencia en centros comerciales, hoteles y restaurantes. Endesa ya se ha propuesto instalar puntos de recarga en los parkings de este tipo de emplazamientos llegando a acuerdos con cadenas hoteleras y de restauración, lo que según Querejeta va a suponer comerle terreno a las estaciones de servicio.
"Ahora la gente va a las gasolineras porque no puede repostar en otro sitio, pero si tú puedes cargar en tu casa, en el cine o en el centro comercial, vas a tener muy poco incentivo para esperar de brazos cruzados 20 minutos en una estación", defendía ante El Confidencial.
Sin embargo, este argumento es como decir que las pastelerías van a quedarse sin negocio porque las gasolineras ya venden pan, de hecho las hay con horno propio. El cliente cargará su eléctrico donde le permita su ruta, como bien ocurre ahora, ya sea en la gasolinera al lado de su casa o al lado del trabajo.
En resumen...
Por el momento hablamos de un proyecto de ley, ni siquiera de una normativa debatida y aprobada en el Congreso. Su camino será largo y es previsible que encuentre oposición a su paso, por lo que es de esperar que el texto actual acabe siendo modificado. Las visiones catastróficas sobre una normativa embrionaria poco sentido tienen.
Según recoge el texto, sólo afectará a las gasolineras con amplio volumen de negocio y no a las pequeñas. Asimismo, no sabemos hasta qué punto se puede obligar a las estaciones de servicio a instalar puntos de recarga eléctricos.
Los contratos de las eléctricas con las petroleras serán determinantes: Iberdrola o Endesa tienen planificado utilizar la red existente de gasolineras para instalar puntos de carga en las vías interurbanas, por lo que los acuerdos con las mismas no se harán esperar una vez estos planes comiencen a hacerse reales. Por ahora, son proyectos a corto y medio plazo.
Las estaciones 'low cost' que se verían afectadas, pueden, por su propia indiosincrasia, verse más perjudicadas por la medida. Pero es que han planteado su negocio asumiendo los menores costes: sin personal, sin tienda, sin ofrecer todos los servicios (agua, inflado de ruedas...). Precisamente basan su rentabilidad en ello, a diferencia de los grandes operadores, que ya se vieron obligados a diversificar el negocio para ser rentables. Pero si el futuro del automóvil es eléctrico, estarán obligadas a adaptarse como lo harán todas.
El Gobierno debe contemplar cómo afectarán estas propuestas de corte ecológico al modelo de recaudación en materia de impuestos. La duda sigue siendo cómo se sustituirá lo ingresado por el gravamen de hidrocarburos si cada vez hay menos motores térmicos.
