El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a la Comisión Europea su Programa de Estabilidad 2019-2022, que incluye, entre muchos otros que no pudo sacar adelante en 2018, un incremento de impuestos de 5.654 millones de euros para 2020.
Esto incluye el polémico impuesto al diésel, basado en aumentar la fiscalidad de los gasóleos, lo que consiste en una subida de 38 euros por cada 1.000 litros. Esto es, 3,8 céntimos por litro de diésel. Como ya se anunció desde un principio, esta subida no afectará al gasóleo de uso profesional.
De esta forma, autónomos, transportistas o agricultores no se verán afectados por la subida impositiva y el gasóleo bonificado no sufrirá variación alguna, "al objeto de otorgar a sus usuarios un mayor tiempo para que se puedan adaptar en el desempeño de su actividad económica al uso de otros productos menos contaminantes", especifica el Ministerio de Economía, que espera el visto bueno de Bruselas.
Las cuentas para lograr el equilibrio presupuestario
De cara al consumidor, esta subida puede suponer, de forma generalizada para un depósito de 50 litros, 1,9 euros de diferencia. A día de hoy al litro de gasolina se le aplica un gravamen de 40,25 céntimos, frente a los 30,7 del gasóleo
Esta medida pretende iniciar la senda para equiparar progresivamente la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, "en línea con las recomendaciones internacionales" (en concreto, por un toque de atención de Bruselas).
El Gobierno recalca que "no persigue, por tanto, un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medioambiente, a través de una correcta internalización de externalidades negativas". En 2018 se informó de que el objetivo es recaudar 2.100 millones para luchar contra el cambio climático, de lo cuales 200 se destinarían a un Plan Renove de achatarramiento.
La propuesta se perfila como una herramienta clave para cumplir los objetivos a los que se ha comprometido España con la Unión Europea en materia de cambio climático. Recordemos que Bruselas ha perdonado, de momento, una multa ante los altos niveles de contaminación del país.
El convulso calendario político que ha vivido España en los últimos meses ha provocado que la subida del precio del diésel haya pasado de ser una propuesta firme en 2018 a no poder ejecutarse en 2019: estamos pendientes de la formación de un Gobierno y aún no hay presupuestos aprobados para este año.
Por ello el Ejecutivo central ha decidido incluir las subidas de impuestos en las cuentas públicas del próximo año. Un plan, por otro lado, que ya dio a conocer en 2018 de forma extensa en un documento titulado 'Un plan fiscal para España: alternativas presupuestarias 2018'.