En medio del debate sobre la liberalización de las autopistas de peaje, la Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, por una práctica abusiva en el cobro del peaje del puente de Rande durante las obras de ampliación. Pide que se devuelvan todos los peajes a los consumidores que lo pagaron entre 2015 y 2018, y con intereses, pero excluye al sector del transporte.
Condiciones insuficientes de fluidez y seguridad durante tres años
La AP-9 es una autopista gallega que va de Ferrol a Tuy -en la frontera con Portugal- y cruza de norte a sur el oeste de la comunidad de Galicia, atravesando las provincias de La Coruña y Pontevedra.
El principal argumento del Ministerio Público es que durante el periodo que duraron las obras de este puente que une los municipios de Redondela y Moaña, el tráfico se vio afectado debido a la reducción del número de carriles y de los límites de velocidad, y aún así el cobro del peaje fue íntegro.
Así, la Fiscalía de Pontevedra solicita no solo que se devuelvan todos los peajes pagados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018 con intereses, si no que se indemnice por el doble del importe del peaje a todos los usuarios -que no sean profesionales del transporte- que acrediten haber estado expuestos a retenciones.
Los afectados deberán acreditar el pago de dichos peajes y, si no pueden demostrar el número de viajeros que viajaba en cada vehículo, la indemnización se abonará por vehículo.
En declaraciones del fiscal recogidas por RTVE, considera que "no solo se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento, sino que se incrementó" a partir del 1 de enero de 2018, tras una inauguración de las obras el 30 de diciembre de 2017 "aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha".
Audasa ha estimado que durante el periodo denunciado por la Fiscalía tuvieron lugar 77 millones de desplazamientos, y calcula que la recaudación por peajes correspondientes solo a vehículos ligeros -los que tienen derecho a indemnización- es de unos 90 millones de euros.
Así, se ha pedido a Audasa que cese esta "práctica general abusiva" y se abstenga de utilizarla en el resto de autopistas que gestiona en España. El gigante Intínere también gestiona la AP-66 (Aucalsa), la AP-15 (Audenasa), la AG-55 y AG-57 (ambas de Autoestradas de Galicia), la AP-53 (Acega) y la AP-8 (Gebisa).
Importante recordar que la R-4, una de las radiales que han sido rescatadas con dinero público, pertenece a Cintra, Itínere y en menor medida, CajAstur.
Además, en 2008 esta autopista sufrió un colapso que mantuvo incomunicadas durante cuatro horas las principales ciudades de Galicia debido a múltiples accidentes provocados por el hielo; algo muy similar al caos que se produjo en la AP-6. Ante la responsabilidad penal de Audasa por negligencias graves, se abre el debate sobre la adquisición por parte del Estado de la autopista, que hoy en día sigue creciendo en kilómetros y en recaudación.
En unos días se debatirá en el Congreso de los Diputados la transferencia de la autopista a la Xunta de Galicia, en el contexto de liberalizar todas las autopistas de peaje, una medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los transportistas se unen a la demanda
Ante la decisión de la Fiscalía de indemnizar únicamente a los propietarios de vehículos ligeros, el sector del transporte ha reclamado que sus trabajadores tienen los mismos derechos que los particulares, "incluso más", recoge La Voz de Galicia.
Así, en caso de que la sentencia sea favorable, piden adherirse a la demanda argumentando que durante esos años también se vieron perjudicados debido a los retrasos en el puente Rande. Para este colectivo será fácil demostrar qué días y a qué hora hicieron uso de la AP-9, gracias a los tacógrafos y GPS.
La pregunta ahora es, ¿quién va a pagar la demanda si la concesionaria se declara en quiebra?
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