Hace una década tuvo lugar en España la mayor investigación policial contra la manipulación de cuentakilómetros digitales, y su protagonista acabó en prisión preventiva en 2008. Johann Grimm se dedicaba a 'afeitar' el kilometraje de más de 300 vehículos en una trama de concesionarios con 42 implicados, y ahora la Fiscalía de Santiago pide para el alemán y sus cuatro empleados un total de 37 años de cárcel.
Operación Trucarro
Johann Grimm emigró desde Alemania y se instaló allá por 1988 en Santiago de Compostela. Allí abrió su propio negocio de importación de coches alemanes y en 2001 fundó la empresa Truck and Car Tecnology Sistems, dedicada a la electrónica para coches. Claro que se trataba de programas e instrumentos que rápidamente llamaron la atención de los concesionarios de la zona por conseguir 'rejuvenecer' vehículos usados.
El experto alemán era capaz, a través de una tecnología creada por él mismo, de poner a cero el cuentakilómetros de un Lexus GS con casi 3.000 km o de un Saab con casi 100.000 km, según detalla El País sobre la investigación. Un total de 305 coches fueron manipulados por Grimm, al que se considera cerebro de la trama, y cuatro de sus trabajadores a través de su empresa.
Según detalla La Voz de Galicia, la manipulación se realizaba en las mismas instalaciones de la empresa o 'a domicilio', y se valían de unas máquinas denominadas 'D-Consul' y 'D-Pro'.
Grimm, muy demandado en el sector, proporcionaba sus servicios no solo a concesionarios en Santiago, sino en toda Galicia y fuera de ella. Pero a finales de 2008 fue detenido por la Guardia Civil tras una exhaustiva investigación, que llevó el nombre de Operación Trucarro.
El propio Grimm facilitó las detenciones, pues acumulaba información muy meticulosa de sus actividades. Salió en libertad provisional en 2008 tras pagar una fianza de 25.000 euros.
Esta documentación y los registros que tuvieron lugar entre 2008 y 2010 permitieron acusar a los responsables y trabajadores de 21 empresas, la mayoría talleres y concesionarios. La enorme cantidad de pruebas que había que investigar impidió que la instrucción del procedimiento no finalizara hasta 2016.
En total hay unos 42 acusados por un delito de estafa, que pagarán más caro Grimm y sus cuatro cómplices, para los que la Fiscalía pide un total de 37 años de prisión y cerca de un millón de euros en indemnizaciones a los compradores estafados.