"Estamos asfixiados por falta de liquidez": las gasolineras se quejan de las ayudas "mal diseñadas y peor ejecutadas" del Gobierno
Apenas tres semanas después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo -que incluía la ya conocida bonificación de 20 céntimos por litro de carburante-, el anticipo de Hacienda a los distribuidores para hacer frente a esta medida ya se ha agotado por la elevada demanda de los consumidores.
Respecto a abril del año pasado, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), calcula que ese aumento es de un 35 %.
Aunque la entidad está de acuerdo con las medidas que ayuden a la rebaja del precio del combustible, al tener que asumir por adelantado los descuentos que se ofrecen al consumidor se ven "asfixiados ante la falta de liquidez". Hemos hablado con el máximo responsable de la entidad, Nacho Rabadán, para saber qué soluciones se plantean desde el sector.
Distribuidores "asfixiados por la falta de liquidez"
En total, España posee una red de 11.650 estaciones de servicio. De ellas, el 48 % opera bajo la bandera de una de las tres grandes petroleras con capacidad de refinado en nuestro país: Repsol, Cepsa y BP. Un porcentaje relevante de ellas, trabajan bajo un modelo similar al de las franquicias.
Son tres grandes asociaciones las que representan los intereses del sector: la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), que representa a las gasolineras de bajo coste.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) es la mayor patronal de Estaciones de Servicio en nuestro país, que agrupa más de 4.000 gasolineras. Esto incluye tanto a 'distribuidores abanderados' (franquiciados que trabajan con alguna de las grandes petroleras) como independientes, pues “el 69.5 % de las estaciones españolas están en manos de PYMES”, según Nacho Rabadán.
Con él hemos hablado para conocer la situación actual del sector, que califica como “realmente complicada”, pues gran parte de sus asociados "están asfixiados por la falta de liquidez".
Para la CEEES el principal motivo para que se dé esta situación es que el anticipo de Hacienda a los distribuidores para hacer frente a las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2022 como la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de carburante "no se han calculado bien desde el principio".
Y es que este anticipo se ha estimado en base a los ingresos mensuales de las estaciones de servicio en 2021, enviados por las gasolineras al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un ejercicio, en el cual se vendió menos carburante de lo normal a consecuencia de las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia de COVID-19.
Concretamente, la cantidad anticipada a cada gasolinera equivale al 90 % de la media de sus ventas mensuales de 2021, y por tanto, “las ayudas no se corresponden ni de lejos con la afluencia de clientes que tienen actualmente las estaciones de servicio”, explica Rabadán.
El responsable de CEEES se muestra crítico con la gestión del Ejecutivo y afirma que las ayudas al sector “han actuado como una tirita en forma de supuesto anticipo, que es claramente insuficiente”.
Más, cuando la propia Agencia Tributaria “está reconociendo que sus ingresos derivados de los impuestos de los carburantes en enero y febrero ha crecido un 40 % respecto al año pasado”, añade.
Más de 350 distribuidores se han visto obligados a cerrar, y el número sigue subiendo
Rabadán recalca que, aunque la rebaja de los 20 céntimos se aplica a todos los consumidores desde el 1 de abril (los profesionales y los que no lo son), los primeros anticipos no empezaron a llegar a los distribuidores hasta el día 5.
Incluso afirma que “todavía hay casos de estaciones que han solicitado varias veces los anticipos y estos no llegan” por diferentes motivos, aunque reúnan los requisitos establecidos. Algo, que no ha hecho más que agravar la situación de los distribuidores, sobre todo la de los pequeños autónomos.
En consecuencia, desde la patronal aseguran que cerca de 350 gasolineras -sobre todo PYMES y micro-PYMES del entorno rural- se encuentran cerradas por la falta de solvencia que ha supuesto para las estaciones de servicio anticipar la rebaja de 20 céntimos el litro a los consumidores.
“Este número va en aumento, pues cuando los consumidores repostan quienes adelantan el dinero somos las estaciones, ya que no operamos con casi margen”, explica Rabadán.
Prueba de ello es que tras los primeros 20 días del mes “las PYMES y pequeñas estaciones de servicio vuelven a trabajar a pérdidas, pues no todas pueden hacer desembolsos de 40.000 o 50.000 euros como anticipo por una cisterna hasta que llegan las bonificaciones”.
Solo desde principios de año, el precio de las cisternas ha subido unos 15.000 euros de media según sus datos.
Además de las pequeñas gasolineras en entornos rurales y negocios familiares con una capacidad financiera ajustada, Rabadán denuncia que también muchas de las abanderadas empiezan a plantearse echar el cierre: “El dinero que descuentan adicionalmente a los clientes sólo lo recuperan a partir de día 8 del mes siguiente: no tienen flujo de caja”.
Hemos de tener en cuenta que el negocio de las gasolineras es un negocio de volumen. Tienen un margen pequeño de ganancias que va creciendo a mayor cantidad de combustible dispensado. “Ahora mismo nos sale más a cuenta vender poco que vender mucho, sobre todo a los más pequeños”.
Otro de los motivos de preocupación de los empresarios a cargo de las estaciones de servicio es que ni la normativa ni la Administración dejan claro que las ayudas les vayan a llegar en mayo y en junio.
En este sentido, Rabadán comenta que tienen de plazo hasta el 15 de mayo para presentar toda la documentación necesaria que justifique la cantidad de combustible que han vendido hasta ahora, pero según el texto legal "Hacienda tiene 30 días más a partir de esa fecha para abonarlo". En total, 45 días.
Respecto a si prevé problemas de suministro ante la situación actual, Rabadán duda en cuanto a estas gasolineras gestionadas por pequeños autónomos que empiezan a encontrarse en una situación insostenible “lamentablemente, es muy probable que muchos tengan problemas para poder seguir dispensando combustible”, refiriéndose a las estaciones de los pueblos.
No así en el caso de estaciones de servicio de autovías y grandes ciudades, donde no prevé mayores problemas “más allá de los costes financieros que supone adelantar la bonificación”.
Por norma general, las estaciones de servicio pagan el combustible a 9 días, algunos que tienen mejores acuerdos, a 15, y los más privilegiados a 30 días. Pero algunos proveedores “exigen el pago por adelantado de las cisternas al ver que existe en algunos casos problemas de liquidez, y si no lo obtienen, no las sirven”.
Muchos clientes que en los entornos rurales tienen que hacer al día cientos de km para repostar (entre el desplazamiento de ida y el de vuelta), tienen ante sí un panorama incierto si las pequeñas gasolineras a su disposición acaban cerrando: “Muchas de ellas ya se han visto obligadas a reducir horarios y otras solo tienen abiertos tienda y lavado, por ejemplo”.
Además, Rabadán advierte que "muchos centros de distribución, que venden combustible profesional a transportistas y agricultores, ya empiezan a tener dificultades”, pues en este sector los márgenes de beneficio son más bajos de lo habitual.
Soluciones a una medida “mal diseñada y peor ejecutada”
El portavoz de CEEES se muestra de acuerdo con cualquier medida que consiga paliar la subida del precio de los combustibles que desde principios de año afecta tanto a los distribuidores como al consumidor final, pero consideran que las actuales “han sido mal diseñadas y peor ejecutadas”.
Como responsable apunta a la gestión del Ministerio de Hacienda frente a la del Ministerio de Transición Ecológica o a otros entes públicos, y lamenta "que no se les haya tenido en cuenta” a la hora de dialogar para encontrar otras vías diferentes a las planteadas, pese a su disposición.
Para contar con mayor liquidez -que es su problema más urgente-, desde la gran patronal de distribuidores de combustible se ha pedido a la Administración que se autorice el retraso de algunos impuestos como el IVA y el IRPF mientras las bonificaciones están en vigor (algo que se prevé hasta finales de junio), pero por el momento aseguran que “no han obtenido respuesta”.
Esta medida les habría otorgado algo de aire este mes, ya que ayer día 20, se cerraba la presentación de impuestos del primer trimestre del año para los autónomos y PYMES.
Los distribuidores también han solicitado ayudas directas (a través de préstamos ICO, por ejemplo), aunque aseguran que “se han enfrentado a un verdadero caos informático” que ha impedido que muchos de los adscritos a la patronal hayan podido siquiera solicitarlas.
Además, nos asegura que en muchos casos algunos de los cambios solicitados a las estaciones de servicio por el RD para adaptar sus sistemas de cobro "ha sido imposible" en el plazo establecido para ello.
De cara a que las medidas del Gobierno pudieran ampliarse más allá del 30 de junio con una prórroga, los distribuidores (no confundir nunca con grandes petroleras) creen "que la situación podría convertirse en insostenible para muchos de ellos".
CEEES estima que de seguir así en los próximos meses más de 3.000 estaciones de servicio tendrán que echar el cierre. Por tanto, verían positivo sentarse a la mesa con el Ejecutivo para rediseñar las medidas planteadas que hagan viable su actividad. “Mas de 50.000 empleos dependen de ello”, sentencia.
No descartan recurrir judicialmente la normativa, aunque no a corto plazo, pues para ellos es más urgente solucionar la situación actual de falta de liquidez por la que pasan la gran mayoría de las estaciones de servicio.
Para ello, además de haber solicitado que el Ejecutivo les dé garantías por escrito que poder presentar por ejemplo a los bancos, y modelos que automaticen sus gestiones, entre otras, ven con buenos ojos medidas como las ya adoptadas por los gobiernos autonómicos de algunas CCAA como Baleares, Castilla y León, Galicia, Murcia y Valencia, que están financiando el descuento en los combustibles con préstamos sin ningún interés.
A este carro pronto podrían sumarse “hasta tres comunidades más”, entre las que Rabadán nos ha confirmado que se encuentra Cantabria. Además, la patronal tiene previsto celebrar una asamblea mañana día 22, por lo que probablemente próximamente habrá más novedades.
