Tras el último tirón de orejas de Bruselas a España ante la baja fiscalidad de la que disfrutan los combustibles fósiles en nuestro país, era cuestión de tiempo que el Gobierno moviera ficha. Si ya conocíamos su intención de gravar aún más el diésel, ahora el Ejecutivo presenta una propuesta para elevar en un 28,6% el precio del gasóleo, así como la de subir el impuesto de circulación a los coches alimentados por este combustible.
No hace muchos días que el Gobierno había dejado clara su pretensión de incrementar el gravamen asociado a los combustibles tradicionales, con el mayor acento puesto en el diésel. No obstante, las primeras informaciones apuntaban a que el Ejecutivo acometería la reforma fiscal desde las autonomías.
Ahora se escribe un nuevo capítulo en este cuento que está lejos de acabar y que se materializa en una serie de propuestas recogidas en un informe que ha sido elaborado por el Comité de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética. De aprobarse, el peor parado será de nuevo el bolsillo de los conductores.
Repostar saldrá caro
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recibía este lunes un elaborado informe redactado por el mencionado Comité de Expertos que propone incrementar el precio del diésel en casi un 29%. Esta subida corresponderá a un aumento de la fiscalidad que grava al gasóleo, aunque la gasolina tampoco quedará exenta: dicha comisión propone elevar su coste en un 1,8%. De esta manera, la tan criticada brecha en el precio entre ambos combustibles se reduciría de manera drástica.
La presión fiscal juega un papel clave en la planificación que atañe a esta Transición Energética: el informe también contempla un incremento del 5,8% en el precio del gas en los hogares, aunque también sugiere que se reduzca en un 6,8% el coste de la electricidad.
El impuesto de circulación de los coches diésel también subirá
Además del encarecer el precio del gasóleo, otra de las propuestas recogidas por el informe es la de penalizar a los coches diésel mediante el impuesto de circulación. En otras palabras, subir el gravamen conocido como numerito a todos aquellos coches que se alimenten de gasóleo, lo que nos lleva a preguntarnos si no se hará distinción por antigüedad: no contamina igual un diésel de hace 15 años que uno de hace tres.
Sea como fuere, es importante resaltar que este aumento fiscal correspondería directamente a los Ayuntamientos y no al Gobierno, ya que son los mismos los encargados de aplicar dicho impuesto. De aprobarse esta medida, el Estado debería derivarlo a las alcaldías.
El Ministerio de Energía señala al transporte como el principal responsable en el incremento de emisiones que favorecen el efecto invernadero en España en los últimos 25 años: en concreto, en 2015, el 24,8% de las emisiones de CO₂ fueron causadas por el mismo, con los automóviles ocupando un generoso 63,5% del total. Es por ello que el informe también recuerda que es esencial apostar por la democratización de los coches eléctricos u alternativos, siendo las ayudas estatales esenciales para ello.
Recordemos que el Gobierno acaba de anunciar la dotación de 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos con el recién estrenado Plan VEA Vehículos. Esta inversión representa el 0,6% de los Presupuestos Generales del Estado, aún pendientes de aprobación y se presenta como la única respuesta tras agotarse el presupuesto del Plan Movalt en apenas unas horas.
Llenar el depósito nos costará 10 euros más
Las críticas ante esta propuesta fiscal que demoniza, una vez más, al diésel no se ha hecho esperar. Entre las voces discordantes se destaca la de Mario Arnaldo, presidente de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que considera injusto que sean los consumidores los más afectados.
Según Arnaldo, este incremento en la fiscalidad del gasóleo va a tener un notable impacto y debería ser analizado de nuevo debido a que "no podría ser asumido por los consumidores, ya que cada vez que llenásen el depósito, supondría un aumento de 10 euros en la factura".
Más allá del evidente perjuicio para el bolsillo de los conductores, AEA defiende que además supondría un importante retroceso para el sector del automóvil al perjudicar la venta de los coches diésel. De hecho, ya está ocurriendo. Las restricciones medioambientales en algunas ciudades europeas está llevando a los conductores a decantarse por otras opciones que no sean de gasóleo: las ventas de los diésel han bajado un 6% en lo que va de año y, el pasado mes de marzo, la proporción entre automóviles diésel y gasolina se situaron en un 35,9% y 59,3% respectivamente.
Por todos estos motivos, Arnaldo no ve justificación en la subida de la fiscalidad del diésel: "si se quieren promover los vehículos menos contaminantes como los eléctricos, no es necesario penalizar a los vehículos diésel, sino adoptar medidas más asequibles para el bolsillo de los consumidores, como la bajada de precio de los vehículos eléctricos".