Hoy martes, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso pondrá sobre la mesa una propuesta no de ley de Unidas Podemos en la que se solicita al Gobierno una reforma del régimen de infracciones y sanciones para los vehículos de alquiler con conductor o VTC y que se garantice que se puedan sancionar adecuadamente los incumplimientos de estas plataformas.
El escenario actual parte del Real Decreto-ley 13/2018 aprobado hace dos años por el Gobierno, con José Luis Ábalos al frente, entonces ministro de Fomento, que delegaba la regulación de las VTC a los ayuntamientos y autonomías. Desde entonces, Andalucía, Valencia, País Vasco, han regulado estos servicios, normalmente exigiendo la contratación previa y prohibiendo la geolocalización o la captación de clientes a pie de calle.
No obstante, Unidas Podemos, que comparte gobierno en coalición con Podemos, considera que se necesita un marco regulatorio a nivel estatal y critica que, dos años después, no se haya llevado ante las Cortes una propuesta legislativa para modificar la actuación de estos servicios, cuando el propio decreto 13/2018 exigía que se presentara en un plazo máximo de seis meses.
Según el partido, la ausencia de un régimen sancionador adecuado ha limitado el control y sanción de autonomías y ayuntamientos para castigar las malas prácticas de estas empresas, señalando la "falta de medios e instrumentos legales " para este fin. El grupo parlamentario solicitará además sanciones más duras para las empresas que incumplan la normativa.
Inmovilizar a los vehículos que no cumplan la norma e incluso congelar autorizaciones
En el punto 20 del programa Unidas Podemos se recogía declarar el servicio del taxi como de interés general y exigía que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, atara en corto a nivel general la actividad de las VTC pues "han puesto en peligro a las familias del taxi".
Así, en el mismo se recogía una serie de limitaciones, como obligar a la pre-contratación de un mínimo de dos horas, una distancia mínima en aeropuertos, estaciones de tren y otras paradas autorizadas y la obligación de contar con una hoja de ruta evitando que deambulen por las calles sin pasajeros.
Además, la propuesta de Unidas Podemos contemplaba que se recuperen autorizaciones administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de la regla de proporcionalidad 1/30 a la que hacía referencia el Real Decreto-ley 13/2018.
En la propuesta que hoy se se someterá a debate en la Cámara Baja, se hace referencia a la mencionada hoja de ruta, recordando además a Jose Luís Abalos, ahora Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que la Audiencia Nacional declaró a principios de año válida la orden que obliga a estos profesionales a llevarla, además de permitir sanciones administrativas por no disponer de ella.
Por otro lado solicitan que se analicen las últimas sentencias derivadas del decreto para elevar algunas sanciones a grave o muy grave, así como incluir nuevas infracciones.
Asimismo, se propondrán actuaciones como la posible inmovilización del vehículo hasta el pago de las sanciones administrativas impuestas o incluso congelar su licencia durante un año. En definitiva, una propuesta que estaría encaminada a que los cuerpos de inspección y de policía locales "puedan sancionar adecuadamente" ante los posibles incumplimientos de estos vehículos VTC.
Entre los mismos se destacan disponer de la mencionada hoja de ruta, además de la pre-contratación, la captación de clientes a pie de calle, los recorridos máximos y mínimos, horarios o las especificaciones técnicas de los vehículos (por ejemplo en Madrid se exige que sean etiqueta ECO o CERO).
Madrid prepara una nueva regulación VTC
Mientras, la Comunidad de Madrid, anunció este verano que este mes de septiembre modificará la Ley 20 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos a fin de regular y profesionalizar el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Y en la misma se contemplan menos restricciones para estas empresas de alquiler de vehículo con conductor, barajando eliminar la contratación previa. Decisión que ha sido duramente criticada por el sector del taxi, pues se trata de uno de los principales escenarios de lucha que enfrenta a ambos gremios.
El objetivo del gobierno regional es liberalizar el sector para que pueda coexistir con el taxi, tipificando esta actividad como transporte discrecional de viajeros, y buscando establecer un marco jurídico para llevar a cabo la profesionalización del sector e imponer determinados requisitos para ejercer como conductor VTC similares a los existentes exigidos a taxistas.
En esta revisión de la regulación también se ponía sobre la mesa modificar el régimen sancionador, contemplando nuevas infracciones y revisando su gravedad atendiendo al impacto en la competencia entre empresas, entre otros.
En la Comunidad de Madrid se concentran casi la mitad de licencias VTC, con un total de 8.338, que no cumple con el ratio 1/30 pues en la región hay unas 15.600 de taxi. Sobre este aspecto el ejecutivo autonómico descartó que fuesen a reducirse, aunque se ha asegurado que no se concederán más.
Por otro lado, tras una campaña de inspección llevada a cabo este verano, el Ayuntamiento de Madrid, se denunció a un total de 44 vehículos por prestar servicios estando tipificados como B o C, cuando sólo pueden ser ECO o CERO, al igual que se exige a los taxis.
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