Uno de los primeros indicativos de que el estado de alarma decretado por el Gobierno, y por tanto las restricciones a la movilidad, están funcionando, es el descenso de la intensidad del tráfico rodado. Según datos de la DGT los desplazamientos en carretera y ciudades han descendido hasta un 77 %.
Esta caída repercute directamente en las autopistas de peaje, cuyas concesionarias están viendo caer sus beneficios. Según publica La Voz de Galicia, Audasa, que gestiona la AP-9 va a pedir al Gobierno compensaciones "millonarias".
Por qué sería legal una compensación
Por poner un ejemplo, según datos del Departamento de Tráfico, solo el jueves 26 de marzo se registraron 400.297 desplazamientos de largo recorrido, un 61 % menos que un día equivalente. Ese mismo día los desplazamientos en los accesos a las ciudades bajaron un 67 % y en largo recorrido un 61 %.
Desplazamientos en #carretera y ciudades :
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 27, 2020
⬇️ En los accesos a ciudades, bajaron ayer un 67%.
⬇️ En largo recorrido 61 %. En vehículos pesados 25% y transfronterizos 77%.
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El impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 va a causar estragos en las concesionarias de autopistas, aunque se prevé una recuperación en 2021. Así lo prevé un informe de los analistas de Royal Bank of Canada, que estima que el tráfico de pago bajará un 60 % en abril y mayo, con una caída del 5 % en los meses siguientes.
A pesar de ello, gigantes como Ferrovial y Abertis podrán salir del paso por su diversificación geográfica y capacidad de resistencia.
Es momento de parar para que todo continúe.#EsteVirusLoParamosUnidos #QuédateEnCasa
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 29, 2020
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Pero de no ser así, podrían exigir ser compensadas. Ya sabemos que las autopistas de peaje que quiebran son rescatadas por el Estado (por los ciudadanos), y están previstos una serie de mecanismos para protegerlas.
Sin ir más lejos, el apartado 4 del Real Decreto-ley 8/2020 referente a las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid-19, regula esta red de seguridad para las concesionarias:
- En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Este "reequilibrio" compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el Covid-19.
Es decir, de confirmarse que Audasa, la concesionaria de la AP-9, en Vigo, reclamara ser compensada por los efectos colaterales de la entrada en vigor del estado de alarma, podría hacerlo.
"En pleno Estado de Alarma, no pasa un coche por el puente de Rande. Y las cabinas de peaje no recaudan los apetecidos euritos que suman ya más de 3.000 millones de euros desde que se abrió este vial y que añadirán otros 14.556 millones hasta que finalice la concesión, en el 2048, según las propias previsiones de la empresa", publica La Voz de Galicia.
En este escenario, el Gobierno podría elevar los peajes de las autopistas afectadas o bien extender el tiempo de concesión.
Recordemos que la concesionaria de la AP-9 ha sido condenada a devolver peajes "abusivos" que cobró durante tres años de obras.
Foto | Wikimedia Commons
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