La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que es el organismo público dependiente de la Generalitat de Catalunya que vela por el funcionamiento competitivo de los mercados en Cataluña, se ha posicionado en contra del decreto sobre VTC propuesto por la propia Generalitat. Es más, la ACCO recomienda que ese decreto no sea aprobado en el parlamento catalán.
Las razones argumentadas por la ACCO van en la línea de defender a los usuarios de los servicios de movilidad. En un informe elaborado con el objetivo de establecer si la propuesta de reforma legal se adecúa a la buena regulación económica desde el punto de vista de la competencia, la ACCO explica que el Decreto Ley 4/2019 "supone un perjuicio inmediato para los usuarios".
Según la ACCO, la propuesta de precontración de los servicios VTC con 15 minutos de antelación mínima, que podría extenderse hasta 60 minutos, "impide beneficiarse de las innovaciones tecnológicas que suponen estas plataformas". De hecho, la ACCO es contundente cuando expresa que "imponer un plazo mínimo de precontratación va contra la lógica de los tiempos".
Los VTC son "una alternativa de movilidad muy eficiente y satisfactoria", según la ACCO
En el informe emitido por la ACCO, que según el organismo de Competencia se fundamenta en los principios de necesidad y proporcionalidad, mínima distorsión, eficacia, transparencia y predictibilidad, se explica que las innovaciones tecnológicas han permitido que la exigencia de precontratación "prevista en el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres" se pueda cumplir "de forma casi instantánea", utilizando aplicaciones para smartphone.
"Cualquier tiempo mínimo es desproporcionado por injustificado", llega a decir en su informe la Autoritat, que advierte del problema de forzar a los VTC a "la expulsión directa y definitiva" del mercado, más allá de la pérdida de competencia para el sector del taxi, teniendo en cuenta que, en palabras de la ACCO, "se incentiva la modalidad de contratación más ineficiente en términos económicos y ambientales, que es la contratación a mano alzada reservada a los taxistas".
Por otra parte, la ACCO concluye que las plataformas de servicios VTC han supuesto "la aparición de una alternativa de movilidad muy eficiente y satisfactoria desde el punto de vista de los usuarios", y considera que el Decreto Ley 4/2019 "profundiza en la discriminación normativa existente" entre dos servicios que califica de "materialmente idénticos", y lo hace "con el objetivo de debilitar las presiones competitivas" que los VTC han ejercido sobre el taxi, que a juicio de la ACCO ha sido un "sector tradicionalmente preservado de la competencia".
La ACCO también carga contra el propio Govern, al declarar que la actuación de los poderes públicos debería "propiciar un entorno de mercado que posibilitara el desarrollo de la actividad en varias modalidades, reconociendo derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores".
Así, la Autoritat Catalana de la Competència "recomienda la no convalidación" del Decreto Ley por parte del Parlament de Catalunya, que está llamado a tramitar la propuesta del Govern de la Generalitat.