Después de unos meses de calma tensa y demostraciones de fuerza, tenemos un nuevo episodio en el culebrón del sector del taxi y de las VTC, en este caso proveniente de una nueva jugada orquestada desde la Generalitat de Catalunya.
Este movimiento tiene un objetivo claro, y es limitar la capacidad de reacción de Uber y Cabify, devolviendo a las VTC al formato tal y como se ha conocido durante décadas: el de alquiler de coches con conductor exclusivamente con antelación y bajo contrato.
Una soga para el cuello de Uber y Cabify
El Real Decreto-ley 13/2018 del 28 de septiembre modificó posiblemente para siempre el panorama de las VTC. El Gobierno de Pedro Sánchez se quitó de encima el marrón del conflicto taxis vs VTC mediante una reforma normativa del marco regulatorio con el que se transferían las competencias del Ministerio de Fomento a las Comunidades Autónomas.
En realidad el Gobierno no hizo ningún cambio significativo, ni concedió (más) beneficios a los taxistas ni puso palos en las ruedas a los proveedores de automóviles de alquiler con conductor (VTC), simplemente le pasó la patata caliente a administraciones de rango inferior, con un supuesto impacto financiero derivado.
Según algunos documentos que han sido filtrados a El Confidencial, el primero de estos movimientos con las competencias transferidas de facto a las Comunidades Autónomas no ha tardado en llegar. Según informa el diario la Generalitat de Catalunya habría ultimado una propuesta que podría dar al traste con el negocio de Uber y Cabify.
Esta reforma que está prevista para implantarse a medio plazo consistiría principalmente en el requisito fundamental de que los demandantes de servicios de las empresas de VTC tuvieran que contratar los trayectos de manera obligatoria entre 6 y 12 horas antes de prestarse dicho servicio.
De esta manera la Generalitat quiere suprimir los servicios 'en tiempo real' de los que hasta ahora empresas como Uber y Cabify se estaban beneficiando (los clientes que pedían que un coche les recogiera y apareciera en cuestión de minutos), a través de sus aplicaciones y amparadas bajo el manto de la economía colaborativa y el transporte 2.0.
Esta medida no es la primera que desde la Ciudad Condal se ha adoptado para limitar el poder de las empresas que estaban explotando las veteranas licencias VTC bajo los cánones de la economía digital, ya que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) trató de exigir una licencia de operación adicional para las VTC que operasen en la zona urbana de la capital catalana. Una medida que finalmente fue tumbada por la Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por ir en contra de la competencia sana según recurrió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Ahora, con la autoridad sobre las VTC delegada en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la Generalitat ha efectuado el primer movimiento cuyo fin sería publicar el próximo 25 de enero el reglamento necesario para que los ayuntamientos (y el AMB) puedan regular la normativa que restrinja el servicio de las VTC a partir de primavera. El Ayuntamiento de Barcelona, AMB y la Generalitat habrían estado colaborando para blindar la nueva normativa y que no pudiera ser tumbada de nuevo.
Esta limitación de servicios pondrá la soga al cuello de Uber y Cabify al menos en Catalunya y abrirá las puertas a que otras Comunidades puedan efectuar un movimiento similar. Un movimiento que restringirá en gran medida la facilidad de acceso de los clientes a estos servicios, su principal fuente de negocio, pese a que también estaba disponible la posibilidad de reservar con antelación.
Pero no acaba aquí la modificación prevista por la Generalitat, ya que en la propuesta iniciada por Damià Calvet, consejero de transportes, también se obligaría a Uber y Cabify a que dieran a conocer de forma efectiva sus tarifas, impidiendo que sus precios pudieran cambiar en tiempo real como lo hacen según los diferentes escenarios de demanda.
En definitiva, para la Generalitat de Catalunya la única forma de convivencia válida entre taxis y VTC es que las segundas vuelvan a su estado original, al que mantenían antes de la llegada de Uber y Cabify y que provocó una oleada de propuestas por parte del taxi así como una burbuja en su mercado.