Seguimos a vueltas con Madrid Central. Tras la aprobación de la moratoria de multas, que suprimía de facto la zona de bajas emisiones, y su posterior suspensión cautelar, tras el recurso presentado por asociaciones ecologistas, el actual gobierno municipal, con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, ya trabaja en un plan alternativo de reducción de emisiones.
Ayer martes 16 de julio, se celebró la primera comisión de Medio Ambiente y Movilidad en el consistorio para proyectar esta nueva batería de medidas, cuyo fin es mejorar la iniciativa de Madrid Central, la cual consideran insuficiente pues sólo afecta al distrito centro. Algo que ya había adelantando el consistorio cuando hizo efectiva la moratoria de multas a principios de mes, alegando deficiencias en el sistema de sanciones, además de poner en duda su eficacia.
Esta primera reunión se produce después de que el Ejecutivo español recibiera un aviso por parte del comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE), Karmenu Vella, a través de una carta donde se exigía que España tomase más medidas para reducir las emisiones contaminantes, señalando como insuficientes las activadas hasta la fecha.
Una misiva que ha llegado, en parte, motivada por el revuelo ocasionado por la suspensión de las multas en Madrid Central y de la que se hicieron eco medios internacionales. De esta manera, el Gobierno de España ha dirigido dicha carta a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por ser las ciudades de contaminación más elevada y, por tanto, las que más contribuyen a incumplir el límite de emisiones fijado por el organismo comunitario.
Reducir la contaminación más allá del centro de Madrid
De esta manera, el recién inaugurado nuevo gobierno de la capital española pretende demostrar ante la ciudadanía, y la propia CE, su compromiso para reducir emisiones, a través de un nuevo plan que contemple medidas en toda la ciudad, y no sólo en el distrito centro, y que esperan poder poner en marcha en un plazo de tres meses.
Tras la reunión de ayer, el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se dirigió a los medios adelantando algunas de las líneas maestras que acogerá este nuevo plan para reducir los gases contaminantes.
Según recoge el diario ABC, entre ellas se encontraría la construcción de hasta 15.000 nuevas plazas de aparcamiento (5.000 para residentes y de rotación, y otras 10.000 repartidas entre 12 estacionamientos disuasorios), la renovación de la flota de los autobuses más antiguos de la EMT y de los taxis más contaminantes (gracias a una partida de ayudas), la instalación de más puntos de recarga para vehículos eléctricos o el levantamiento de nuevos carriles bus-VAO que vayan conectados con las carreteras radiales.
De igual manera, otra de las posibles medidas que adoptará este nuevo plan no señala únicamente al tráfico rodado, sino a otras fuentes de contaminación: es el caso del medio centenar de calderas de carbón y gasóleo que, según el ayuntamiento, aún están operativas en la capital y que también pretende eliminar.
"Madrid Central sólo afecta al 5 % del territorio y al 1,5 % del tráfico; en el mejor de los casos, serviría para eliminar el 6 % de las emisiones", argumenta Carabante apoyándose en un informe elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Aunque desde la oposición señalan que dicho análisis recoge datos anteriores a la implementación de Madrid Central: su antecesora, Inés Sabanés, asevera que existe un informe posterior firmado por la misma universidad ya con la zona de bajas emisiones en marcha.
El actual gobierno de la capital sigue sosteniendo que Madrid Central se proyectó mal, esgrimiendo argumentos como el problema sufrido en la emisión de sanciones durante el primer mes en el que estuvieron operativas en la zona de bajas emisiones (6.602 fueron anuladas), así como las muchas excepciones que contempla.
Excepciones que, hay que señalar, incluyen vehículos de residentes, de servicios de emergencia, de comercios, de servicio público o de movilidad reducida, entre otros, a fin de que la restricción al tráfico afecte en la menor medida posible a los ciudadanos.
A todo ello se sumaría además la revisión del protocolo de anticontaminación, aunque Carabante sólo se refirió a mejorar el sistema de avisos, además de confirmar que seguiría manteniendo la discriminación por distintivo medioambiental y no por matrícula, que era el procedimiento vigente antes de ser ajustado por la anterior alcaldesa, Manuela Caremana.
Las multas seguirán en Madrid Central, por ahora
Por otra parte, el pasado viernes, el Ayuntamiento de Madrid presentó un recurso para volver a poner en marcha la moratoria de multas ante dos juzgados diferentes, según informa El País. Este medio asegura que ambos han sido rechazados tras escuchar a ambas partes, alegando motivos de salud pública y de medio ambiente, y considerando por tanto que las sanciones en Madrid Central deben seguir operativas.
En concreto, dichos autos han sido emitidos por el juez Jesús Torres Martínez, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 24, así como por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7.
El primero argumenta en el mismo que el consistorio no ha puesto en marcha una medida alternativa que supla la zona de bajas emisiones. Por su parte, el segundo, que estaba llevando el recurso presentado por Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento ante la suspensión de las multas, ha fallado en favor de los primeros tras escuchar las alegaciones del consistorio, también aludiendo a un problema de salud pública y considerando que la documentación aportada por los populares no demuestra la ineficacia de Madrid Central.
Y es que recientemente, salió a la luz un estudio independiente que sostenía, mediante un gráfico de estimación, que el señalado efecto frontera de Madrid Central, al que han aludido los de Martnínez-Almeida primero desde la oposición y luego desde el consistorio, no existía.
Por otro lado, según esta misma publicación, el gobierno municipal habría confirmado que están estudiando recurrir ambas resoluciones judiciales que le obligan a mantener las sanciones, aunque Carabante ha asegurado que desde el consistorio no buscan entrar en un debate judicial sino que pretenden "establecer un debate de fondo sobre lo que necesita Madrid para reducir la contaminación".
