Los compradores afectados por el cártel de los concesionarios en España, un caso abierto en 2015 y basado en acciones comerciales fraudulentas por intercambio de información comercial y fijación de precios en las que están implicados 147 puntos de venta, ya pueden reclamar su indemnización.
El Tribunal Supremo ha ido ratificando en los últimos meses la denuncias y multas presentadas y aplicadas a diferentes marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y ahora se abre la veda de nuevas acciones judiciales para que los perjudicados puedan solicitar la compensación.
En concreto estas acciones que vulneran la ley de competencia, y que supuso que los compradores pagaron de más por los coches adquiridos, afecta a modelos comercializados entre 2006 y 2013. Se calcula que un total de 10 millones de clientes podrían estar afectados.
Los concesionarios implicados pertenecen a casi un 91 % de las marcas que comercializan, o han comercializado, sus vehículos en España.
Un 10 % de más sobre el precio del coche
El proceso judicial ha sido largo: en diciembre de 2019 la Audiencia Nacional emitió 18 fallos desestimando los recursos presentados por 15 fabricantes ante las sanciones impuestas por la CNMC y todas han sido ratificadas por el Supremo.
De las denunciadas solo se han librado Mazda, pues se probó que su participación en el pacto entre concesionarios fue nula, y las marcas del Grupo Volkswagen, por colaborar y aportar información durante la investigación.
Este pacto entre concesionarios protagonizó un cártel para el intercambio de información "secreta, futura y estratégica", que encareció el precio de los coches. Es decir, que ahora los clientes que sufrieron este fraude podrán reclamar el coste de más que pagaron por el coche o vehículo.
Además, no solo pueden reclamar clientes particulares, pues entre los afectados también se encuentran empresas de alquiler de coches, así como taxistas o firmas VTC.
Los peritajes y estudios econométricos han estimado que los sobrecostes generados en estas compras suponen en torno a un 10 % sobre el importe pagado, lo que se traduce en sobrecostes de entre 2.000 y 9.000 euros. Unas cantidades que ahora podrán reclamar estos clientes.
Así lo señala a La Información Frank Rodríguez Trouwborst, director general de Consultores Técnicos, una firma especializada en la elaboración de informes periciales sobre prácticas de fraude de este tipo.
En cuanto a las marcas demandadas se encuentran por ejemplo Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota o Volvo.
Cómo reclamar y qué se necesita
Primeramente, para saber si nuestro coche está afectado, recordemos comercializados entre 2006 y 2013, se puede consultar por ejemplo a través de esta herramienta elaborada por la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC).
Una vez verificado que se está entre los perjudicados, la tramitación de la reclamación se puede hacer tanto de forma individual como colectiva, a través de diferentes plataformas como la mencionada AACC. La OCU ya formalizó una demanda colectiva en su momento, en la que participaron 160.000 consumidores.
En cuanto a la documentación a aportar en la reclamación es imprescindible la factura de compra, o bien la acreditación del pago del alquiler o leasing de un vehículo, así como los importes pagados en reparaciones.
Asimismo, se deberá presentar la ficha técnica del coche y los contratos firmados en la compra-venta. Los modelos afectados y adquiridos pueden ser tanto nuevos como de ocasión.
Dado que el Supremo ha dado la razón a los consumidores ratificando las denuncias de la CNMC, hay altas posibilidades de que el fallo de estas reclamaciones sea favorable. El margen para presentar estas devoluciones de poco más de un año.
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