Mientras que en ciudades europeas como Ámsterdam o París las bicicletas y los peatones obtienen cada vez más derechos frente al vehículo privado, en España estamos viviendo un momento de reversión.
La última ciudad en vivirlo es Barcelona, donde una jueza ha dado la razón a una asociación de comerciantes y ha ordenado restituir el espacio que les quitó a los coches en la calle Consell de Cent.
Según publica El País, la jueza titular del juzgado contencioso administrativo número 5 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Barcelona revertir las obras de peatonalización de la céntrica calle Consell de Cent.
Las obras, que se hicieron gracias a fondos europeos Next Generation y que están condicionados a proyectos de movilidad sostenible y de mejora de la calidad del aire, costaron 25 millones de euros.
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El fallo es a favor de la asociación de comerciantes Barcelona Oberta, que pedía que estas obras se votaran en el pleno y que pedían más información sobre el impacto de la transformación de esta vía, que ha restringido el paso a los vehículos para dárselo a los peatones.
La respuesta no se ha hecho esperar y la concejal de BComú y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que "no permitirán" que se deshaga la reurbanización del eje verde de Consell de Cent y ha exigido al actual alcalde, Jaume Collboni (PSC), que recurra el fallo, según publica Europa Press.
Aunque cabe recurso de apelación, el actual alcalde ha prometido que frenaría el despliegue de los 21 ejes verdes que conforman la 'Superilla Barcelona', y que equivalen a 33 km de calles peatonales y zonas verdes.
La movilidad como arma electoral "del cambio"
Las llamadas 'superillas' o 'superislas' se estrenaron en 2016 como experimento en en el distrito de San Martí. Su objetivo era limitar la entrada de los coches al centro, en favor del tránsito de peatones, bicicletas y, en menor medida, del transporte público, así como repoblar la vegetación urbana.
Cuatro años después, Colau presentó oficialmente su ambicioso -e impopular- proyecto, que proyectaba la peatonalización casi completa de calles, con la eliminación de carriles para el tráfico rodado, y la conversión de cruces en plazas en un céntrico distrito como es el de Eixample.
En España estamos viviendo un momento excepcional de reversión de medidas destinadas a la movilidad sostenible, y que responde a un tira y afloja político muy conocido entre la izquierda y la derecha (o entre la izquierda y la izquierda) basado en deshacer lo que ha hecho el anterior Gobierno regional (hola, Madrid Central).
Encontramos un buen ejemplo en Gijón, que se ha convertido en la primera ciudad en tumbar las etiquetas de la DGT, y que se niega a implantar la Zona de Bajas Emisiones que exige Bruselas.
También en Logroño, donde su alcalde ha decidido eliminar una de las zonas del eje ciclista de la ciudad después de recibir los fondos europeos destinados a ello.
Y en Valladolid se pretenden revertir tanto los carriles bus-taxi como los carriles bus ya instalados en el centro, lo que podría suponer la pérdida de nada menos que 483 millones de euros. Algo similar sucede en Elche y en Palma de Mallorca.
Y es que los fondos europeos Next Generation están condicionados al principio de No Regresión, de "no causar perjuicio significativo al medio ambiente" y " a la prevención y el control de la contaminación". Esto significa que aquellas ciudades que han recibido este dinero de Bruselas y que, o bien se niegan a implantar medidas o las revierten, han de devolverlo o resignarse a no recibirlo.