No todo el protagonismo se lo va a llevar la industria automotriz alemana, no: hay estopa para todos. Si Volkswagen tiene que lidiar con los vestigios del Holocausto mientras enfrenta juicios por fraude, FCA hace lo propio con su problemilla, también de fraude. El gigante estadounidense se encuentra negociando un acuerdo con el gobierno que incluirá la reparación de unas 104.000 pick-up diésel y una sanción monetaria.
Dodge Ram 1500 y el Jeep Grand Cherokee, cabezas de cartel
Desde el Departamento de Justicia estadounidense se han solicitado multas civiles "sustanciales" a FCA después de que el gobierno acusara a la compañía de usar un software que generó un exceso de emisiones en 104.000 vehículos diésel. Según informa Reuters, el pasado 27 de enero, FCA recibió una oferta de liquidación en la que debía compensar por el fraude además de tomar medidas para evitar que se repita la situación.
Al parecer, en esa oferta se incluían "sanciones civiles muy sustanciales". Por su parte, FCA propone reducir el importe de la multa monetaria en función de los fondos que comprometería a proyectos destinados a promover "proyectos de movilidad" con emisiones bajas o cero, según la misiva. El Departamento de Justicia dijo, según Bloomberg, que los reguladores estarían dispuestos a considerar tales proyectos.
Por el momento está programada otra ronda de conversaciones a final de mes, y aún no se han discutido cifras específicas. Por otro lado, la compañía sigue lidiando con las demandas presentadas por los propietarios afectados.
Los coches afectados son el pick-up Dodge Ram 1500 y el Jeep Grand Cherokee, todos vendidos en Estados Unidos y correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Como es lógico, para llevar a cabo las reparaciones, se llamarán a revisión esos 104.000 vehículos en Estados Unidos.
Según la agencia estadounidense de protección del medioambiente, el software ilegal provoca un incremento de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de esos vehículos. Recordemos que un fabricante puede instalar un software o un sistema que le permita emitir más de lo establecido en determinadas y puntuales situaciones, para proteger el motor, por ejemplo, siempre y cuando se lo notifique a la agencia de certificación. Y FCA nunca declaró la existencia de este supuesto software.
La compañía ha negado haber actuado mal, diciendo que nunca hubo un intento de crear software para engañar a las normas de emisiones, pero el problema podría costar entre 460 y 1.000 millones de dólares, según estimaciones de algunas consultoras.
