La Comisión Europea reclama a Volkswagen que indemnice a todos los consumidores europeos -y no solo a los alemanes- por el caso Dieselgate, que estalló hace ya seis años cuando se descubrió que el fabricante alemán trucaba los niveles de emisiones de sus vehículos.
En España por el momento las compensaciones por parte del consorcio alemán son una anomalía, después de que Volkswagen recurriese una sentencia a favor de los clientes que denunciaron a través de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y por tanto, retrasando la indemnización de 3.000 euros por afectado.
Indemnizaciones que nunca llegan pese a la presión de la Comisión
Apenas un mes después de que comenzasen los juicios contra los responsables del Dieselgate, el ejecutivo comunitario ha exigido a Volkswagen que afronte las responsabilidades que le corresponden con los consumidores afectados a través de una declaración firmada junto a la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores, que representa a las autoridades nacionales de defensa de los usuarios.
Textualmente, piden al fabricante alemán “que se ponga en contacto con los consumidores de todos los Estados miembros que todavía están buscando una compensación”, para encontrar cuanto antes soluciones adecuadas y poder así evitar más años de litigios.
Por otra parte, la Comisión reconoce las acciones de Volkswagen en Alemania, donde el grupo se comprometió a pagar 750 millones de euros para indemnizar a 235.000 clientes en virtud de un acuerdo extrajudicial, y pide que se siga este ejemplo en el resto de países europeos afectados.
El documento de la Comisión y la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores recuerda que “a finales de 2015 Volkswagen había vendido aproximadamente 8,5 millones de coches diésel en el mercado europeo”, equipados con un software de dispositivo de desactivación que se consideraba no conforme con la normativa europea. Por tanto, quedan muchos clientes afectados por compensar.
En 2020, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE facilitó la posibilidad de que los clientes de Volkswagen pudieran acudir a los tribunales nacionales de cualquier país de la UE para perseguir una indemnización, “al estimar que el daño por comprar un coche trucado se produce en el lugar de compra y no solo donde se comete el fraude de falsear las emisiones”.
A finales de ese mismo año, otra sentencia dictada por el mismo tribunal estableció que "ningún fabricante de automóviles puede instalar un dispositivo que mejore el rendimiento del sistema de control de emisiones" durante los procedimientos de homologación de sus vehículos.
Teniendo en cuenta ambas sentencias, la Comisión Europea y las autoridades de protección de consumidores estiman que las prácticas comerciales de Volkswagen relacionadas con la comercialización de coches diésel equipados con dichos dispositivos “también violan la legislación de la Unión Europea sobre la protección de los consumidores”, y que por tanto estos deben tener derecho a una compensación por los daños.
Por el momento Volkswagen solo ha aceptado compensar a los consumidores europeos que residían en Alemania en el momento de la compra del coche y, además, el fabricante de automóviles le ha trasladado a Bruselas su opinión de que “no están justificados los acuerdos con los consumidores europeos que residen fuera de territorio alemán".
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