Se graba a 215 km/h con su Audi A3 y lo sube a Instagram. La Guardia Civil ya le ha cazado

La señora redactora nos pone de titular en su artículo informativo de un suceso vial "Se graba a 215 km/h con su Audi A3 y lo sube a Instagram. La Guardia Civil ya le ha cazado". Bueno pues una vez más estamos ante una exageración fuera de la realidad, dando bombo a un suceso cuyas consecuencias no son las anunciadas. Vaya por delante que si los acontecimientos se han desarrollado tal como se nos informa, aquí no hay ningún delito que se pueda probar ni un sujeto al que legalmente se pueda imputar.

En casos como este tenemos que jugar con las definiciones temporales de valuación "ex ante" y "ex post"; ex ante: Es la evaluación realizada cuando se está definiendo al proyecto, antes de que se tome la decisión de ejecutarlo o no, es decir realizar una acción. Evaluación ex post: Es la que se realiza en uno o varios momentos durante la duración de la acción, una vez que la misma comenzó a ser ejecutada.

Una de las preguntas qué nos debemos realizar es ¿cuándo se cometió la acción?, pero antes tenemos que saber si realmente se cometió tal acción, si tenemos la certeza de que se cometió, se debe entonces poder dirimir y llegar a la conclusión cierta que tal acción a pesar de no obtener un resultado ha significado una infracción, y después si esta entonces es penal y no administrativa. Nos dice la señora redactora que la supuesta infracción ha sido denunciada por un usuario de una red social que encontró un video subido a la misma, por lo que no es este usuario testigo presencial de que tales hechos ocurrieron, sino un mero transmitente de la noticia. Por otra parte nos habla también de una supuesta detención del supuesto autor de los hechos, unos hechos que recordemos que jurídicamente no se puede tener la certeza de que ocurrieran ni de que mucho menos sean constitutivos de una infracción y mucho menos de un delito. Bueno pues aquí entraríamos en el caso de las figuras jurídico procesales de "el detenido" y "el investigado", que resulta que no es lo mismo lo uno que lo otro. Pero sin necesidad de hacer un análisis profundo de los tiempos, el lugar, la certeza y el alcance jurídico de los mismos, el problema que podríamos tener es con la identificación del conductor que comete el delito.

Bien, la obligación del titular del vehículo a facilitar a la Administración la identificación del conductor responsable de la infracción puede chocar en la responsabilidad penal con el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo recogido en el art. 24.2 de la Constitución Española, así como a no declarar contra familiares, arts. 416 y 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, derechos que prevalecen sobre la obligación administrativa.

La SAP de Madrid de 6 de marzo de 2018 absolvió a un sujeto que había sido condenado en primera instancia. El mencionado alegó en todo momento que él no era el que conducía y que podría haber sido algún familiar, al que se negó a identificar. La Audiencia Provincial absolvió al acusado de un delito contra la seguridad vial por conducción de vehículo superando las velocidades establecidas reglamentariamente para vía urbana, al considerar que se vulnera su presunción de inocencia si no queda acreditado que el vehículo captado por la fotografía del radar está conducido por este. Pues imaginemos y extrapolemos esto al video que nos exponen.

En definitiva, hay que dejar de andar dando bombo a este tipo de noticias que no gozan de una veracidad jurídica. A este señor que conducía no se le va a poder juzgar por ningún delito, ni siquiera retirar el carnet de conducir. Solamente podrá ser sancionado la persona física o jurídica propietaria del vehículo con la multa pertinente administrativamente por negarse a identificar a el conductor, todo ello amparada en la norma correspondiente que le da cobertura; ahora bien, si vamos a la jurisdicción contencioso-administrativa esa sanción no tiene visos de ser ejecutable, pues además de que el recurso jurídico es suspensivo en caso de sanciones y queda entonces suspendida, cuando falle el juez lo hará estimando la petición del actor del recurso.

En cuanto a la jurisdicción penal si en caso de querer imputar y entonces debiendo ser esta la competente para el procedimiento, no veo que tenga recorrido el mismo. Un saludo.