Un tema que lleva años dando de qué hablar entre los conductores franceses son los llamados 'coches-radar'. Fue en 2018 cuando al Estado se le ocurrió que una empresa privada que tiene los radares, los pusiera en marcha. Solo que en coches de particulares.
Uno de los principales problemas que entraña este sistema es que no son policías ni agentes los que conducen estos coches, sino conductores contratados de forma externa que no siempre cumplen las normas de tráfico y cuyas condiciones laborales no son las mejores.
La falta de agentes y una mejora en la seguridad vial fueron algunos de los argumentos que dio el Estado para el despliegue de este sistema, que iba a aumentar significativamente las denuncias por exceso de velocidad en las carreteras francesas (un estudio sitúa en 94 millones de euros la recaudación para el Estado).
Actualmente están presentes en ocho regiones y hay 223 que operan los 7 días de la semana sea festivo o no, de día o de noche, con cualquier clima y en todo tipo de carreteras. El objetivo del Gobierno es doblar este número hasta llegar a los 400 en 2024.
Los vehículos llevan la ruta fijada en el GPS, por lo que el sistema detecta automáticamente cuáles son los límites de velocidad en cada tramo. Según explican desde el Ejecutivo galo, estos radares tienen un margen técnico de 10 km/h para límites de velocidad inferiores a 100 km/h y del 10 % para límites de velocidad superiores a 100 km/h (frente a 5 km/h y 5% para otros radares de control de velocidad).
🚘 - Depuis le 1er janvier, près de 400 voitures-radars, capables de vous flasher en roulant sans même que vous ne le sachiez, circulent dans le pays. En grande partie, elles ne sont pas conduites par des policiers ou des gendarmes mais par des chauffeurs privés. (Parisien) pic.twitter.com/4tzFsReFKx
— INFO Roubaix (@InfoRoubaix_) January 7, 2023
No obstante, se trata de un sistema bastante impopular y con deficiencias, según apuntan muchos medios locales. Los coches son vehículos privados sin ningún tipo de distintivo que los identifique como lo que realmente son. Es casi imposible detectarlos, y no los conduce un gendarme. Problema: su gestión está confiada a empresas privadas autorizadas por el Estado, al igual que la contratación de conductores.
En este sentido, cada vez hay más denuncias de que los vehículos-radar están en malas condiciones: 300.000 km en el cuentakilómetros, neumáticos lisos, matrículas en mal estado. También se denuncia que es el conductor el encargado de llevar al taller el vehículo.
Eso sin mencionar que reciben un salario bastante bajo por un trabajo ingrato, pues como les ocurre a los trabajadores de la zona SER (los que controlan el ticket del aparcamiento), reciben habitualmente amenazas y agresiones por parte de los conductores que son cazados.
En España este sistema no es legal, pues ni la DGT ni el Servei Catalá de Trànsit recurren a empresas externas para gestionar denuncias por infracciones de tráfico o controlar la velocidad:
"La regulación, ordenación, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción" compete a los ayuntamientos", según recoge la Ley de Tráfico. Pero mejor no dar ideas.
