La Junta de Andalucía acaba de presentar un borrador de propuestas normativas para mediar en el conflicto VTC-taxi, siguiendo los pasos de otras comunidades como Cataluña o Valencia. El gobierno comunitario andaluz plantea, entre otras medidas, la creación de estaciones VTC en el perímetro de las ciudades, así como la posibilidad de los que los taxis ofrezcan precio cerrado en servicios contratados.
Traspasadas las competencias por parte del Gobierno a las autonomías mediante el Real Decreto Ley (RDL) aprobado a finales del año pasado, los gobiernos regionales siguen trabajando en leyes que regulen a taxis y empresas VTC y que medien en este conflicto que ya apunta a endémico.
Y tras el último capítulo escrito en Valencia, donde se acaba de aprobar Decreto Ley que obliga a la VTC a la precontratación de servicios con un mínimo de 15 minutos de antelación y prohíbe su geolocalización, ahora se suma Andalucía.
El texto, que ha sido presentado por la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la junta andaluza, pretende ser "un punto de partida para la negociación entre los afectados", según ha confirmado Marifrán Carazo, actual Consejera de Fomento en Andalucía.
La popular Carazo ha señalado que el objetivo de la consejería es el de "alcanzar soluciones que permitan la deseada convivencia pacífica y ordenada del sector, en aras del interés general de los usuarios", según recoge La Razón.
Las VTC deberán volver a la base y no podrán captar clientes en la calle
De esta manera, en este primer borrador que consta de 500 páginas, se recogen varias medidas que afectan directamente al desarrollo de la actividad de las empresas VTC, con Uber y Cabify como principales operadoras.
Entre ellas, se destaca la implantación de estaciones VTC que estarían ubicadas en la periferia de los núcleos urbanos y desde donde estas empresas atenderían sus servicios. La Junta de Andalucía ha señalado que esta medida sería transitoria y que se aplicará durante los cuatro años establecidos por el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo.
Andalucía se desmarca así de Cataluña y Valencia, donde las nuevas normativas obligan a un tiempo mínimo de precontratación para las VTC. El gobierno regional propone esta alternativa a la limitación de precontratación a fin de mantener la operatividad de estas empresas, pero cumpliendo la regulación vigente recogida en el artículo 182.1 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT), que limita la captación de clientes en la calle.
Fomento defiende que esta medida está en consonancia con la aplicada en países como Italia, Alemania o Francia, pues ésta obligaría a los vehículos VTC a regresar a dichas estaciones a menos que tengan otro servicio precontratado.
Respecto a dónde irán ubicados dichos puntos, la Junta de Andalucía ha señalado que se "determinará mediante la aplicación de criterios técnicos que permitan mantener el servicio que actualmente ofrecen las VTC". Asimismo, la propuesta permite la utilización de las bases propias de las que dispongan las compañías VTC, siempre que se encuentren fuera del ámbito del mercado.
Acercando a taxis y VTC
Si bien la propuesta andaluza de creación de bases VTC en el perímetro de las ciudades ha sido la principal protagonista del recién presentado borrador, éste también recoge otras medidas reseñables que acercan a ambos sectores de transporte.
Entre las mismas, se encuentra la sugerencia de equiparar la capacitación de los conductores VTC a la de los taxistas, así como la de que los taxis ofrezcan un precio cerrado en sus servicios precontratados (como hacen Uber y Cabify) y de que ofrezcan sus servicios cobrando por plaza.
Por otro lado, la embrionaria normativa contempla obligar a que el total de la flota de vehículos VTC incluya un 20 % de modelos con mecánica alternativa y que un 5 % esté adaptado para el transporte de personas de movilidad reducida.
Por otro lado, para asegurarse del cumplimiento de la legislación, el gobierno andaluz también propone aumentar las labores de inspección, mediante la creación de una web de control andaluza, así como el incremento de la plantilla de inspectores en un 50 %.
El ratio 1/30 está lejos de cumplirse en Andalucía
Finalmente, la Junta de Andalucía también ha dado un toque al Ejecutivo asegurando que entre la llegada de la Ley Omnibus (que liberalizaba el sector de transporte por carretera en vehículo turismo en 2009) y del RDL aprobado por el Gobierno, ha habido un desequilibrio notable en lo que toca a licencias VTC y taxi. La normativa exige que el ratio sea de 1/30 licencias en favor del taxi, pero actualmente en Andalucía éste se sitúa en 1/5 según el ejecutivo regional.
Una diferencia que, según el gobierno andaluz, podría ser aún mayor en un futuro cercano, ya que hay autorizaciones judicializadas a la espera. A día de hoy, en Andalucía, están operativas 9.403 licencias de taxi y 1.988 de VTC. La Junta ha exigido al Gobierno central que propicie medidas reales para salvar esta disparidad de una forma equilibrada y consensuada.
Y es que el conflicto taxi-VTC, tiene como telón de fondo la batalla política entre los diferentes partidos con las elecciones autonómicas, y ahora también generales, a la vuelta de la esquina. Las medidas presentadas por Andalucía van muy de la mano con las de la Comunidad de Madrid (donde también gobierna el Partido Popular) que, a diferencia de Cataluña o Valencia, no han cedido a la presión del taxi exigiendo un tiempo mínimo de precontratación a las VTC.