En EEUU tienen un problema a la hora de reparar bienes como son el vehículo eléctrico o el smartphone. Marcas como Tesla o Apple no permiten que casi ninguna empresa externa acceda a sus productos, provocando largas esperas y precios altos. Pero en Europa quieren acabar con esta práctica.
Con 584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, el Parlamento ha aprobado reforzar el derecho a reparar de los consumidores, facilitando el arreglo a un precio más asequible. Además la garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más.
Arreglar una batería debería ser más barato que cambiarla
Según la Comisión Europea, los consumidores pierden alrededor de 12.000 millones de euros al año con la eliminación prematura de bienes de consumo, algo que produce 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, consume 30 millones de toneladas de recursos y genera 35 millones de toneladas de residuos en la UE cada año.
Y uno de los bienes que más problemas puede dar en este sentido es el coche eléctrico: se calcula que para 2030 habrá cerca de 147.000 baterías que necesitarán repararse o reciclarse. A pesar de que la legislación cada vez es más dura y se aprueban fondos para incentivar nuevos diseños de baterías en módulos extraíbles, seguimos viendo facturas de más de 22.000 euros para reparar un paquete de baterías hasta tal punto que resulta más rentable desguazar el coche.
La nueva normativa garantiza en teoría que los fabricantes presten servicios de reparación rentables e informen a los consumidores sobre su derecho a la reparación. La garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más gracias a su garantía de calidad: "Reparar será más fácil y más barato que comprar artículos nuevos y caros. [...]. La nueva legislación extiende la garantía legal en 12 meses si se opta por la reparación, facilita el acceso a las piezas de repuesto y garantiza arreglos más sencillos, baratos y rápidos", ha explicado el eurodiputado René Repasi tras la votación.
Una vez expirada la garantía legal, el fabricante seguirá obligado a reparar productos domésticos comunes, técnicamente reparables según la legislación de la UE, como lavadoras, aspiradoras e incluso teléfonos inteligentes. La lista de categorías de productos podrá ampliarse en el futuro. Los consumidores, explica el Parlamento, también podrán pedir prestado un dispositivo mientras el suyo está siendo reparado u optar por una unidad reacondicionada como alternativa si la reparación no es posible.
Habrá que esperar para conocer la lista definitiva de productos y cómo marcas como Tesla y Apple se adaptan en Europa a esta normativa.
No se podrá impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes
Un formulario europeo de información ayudará a los consumidores a evaluar y comparar los servicios de reparación (la naturaleza del defecto, el precio y la duración de la reparación). Para facilitar la reparación, se creará una plataforma europea en línea con secciones nacionales para ayudar a los consumidores a encontrar fácilmente talleres de reparación locales, vendedores de productos reacondicionados, compradores de artículos defectuosos o iniciativas de reparación comunitarias, como los cafés de reparación.
Además, los fabricantes tendrán que poner a disposición de éstos piezas de recambio y herramientas a un precio razonable y tendrán prohibido recurrir a cláusulas contractuales y a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que impidan la reparación de bienes. En concreto, no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros.
A fin de que las reparaciones sean más asequibles, cada Estado miembro tendrá que aplicar al menos una medida para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, llevar a cabo campañas de información, ofrecer cursos de reparación o apoyar espacios de reparación comunitarios.
Una vez que Consejo adopte formalmente la directiva y se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporarla a la legislación nacional.
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