A partir de ahora, los vuelos nacionales de corta distancia en Francia quedan prohibidos si tienen alternativa en tren con una duración de menos de dos horas y media, tal y como recoge un decreto publicado en el Journal Officiel (equivalente al Boletín Oficial del Estado en España).
Esta medida, que lleva desde 2021 sobre la mesa (y que, de forma similar, también se ha planteado en España), pretende reducir la contaminación del aire suprimiendo los vuelos que sean innecesarios y afecta sobre todo a los trayectos entre París y Nantes, Lyon y Burdeos. Los vuelos que tengan conexión con estos destinos podrán seguir operando.
¿Medida simbólica o efectiva? Lo que dicen las cifras
Esta medida, ya en vigor, estaba recogida en la Ley climática y de resiliencia del 22 de agosto de 2021 de nuestro país vecino, aunque estaba paralizada mientras la Comisión Europea valoraba un recurso presentado por el sector aéreo francés, quien la consideraba “inadecuada para la lucha contra el cambio climático” por considerarla simbólica, entre otras cosas.
Tras un “acuerdo de la Comisión Europea, la consulta pública y el dictamen del Consejo de Estado” según un comunicado del ministro de transportes francés, Clément Beaune, la publicación de la ley ya era el último paso para hacer efectiva esta medida que se ha llevado a la práctica de forma inmediata.
En concreto, según el primer artículo del texto legal, los vuelos afectados “son aquellos para los que un enlace ferroviario sustituible garantiza, en cada sentido, un trayecto inferior a dos horas y media”, aunque “el trayecto en tren tiene que dar servicio a las mismas ciudades, sin transbordos, que los aeropuertos en cuestión”.
Eso implica la desaparición del puente aéreo entre Lyon y París, aunque en el caso de Roissy-Charles-de-Gaulle, se tiene en cuenta la estación del Train à Grande Vitesse (TGV, similar al AVE) que conecta con el aeropuerto y no una estación parisina.
Pero como reza la normativa, el enlace entre dos estaciones debe garantizarse "sin transbordo entre estas estaciones, varias veces al día y con un servicio satisfactorio".
Además, las "frecuencias deberán ser suficientes y los horarios adecuados, teniendo en cuenta las necesidades de transporte de los viajeros que utilicen esta ruta, especialmente en términos de conectividad e intermodalidad, así como los desplazamientos de tráfico que provocaría la prohibición", añade. Aparte, el decreto no se aplica a los vuelos de conexión.
Por tanto, en realidad son sólo tres las rutas aéreas afectadas: París-Orly-Nantes, Orly-Lyon y Orly-Burdeos; mientras que las rutas entre Lyon, Rennes y el aeropuerto de París Charles-de-Gaulle, así como la ruta entre Lyon y Marsella, no deberían interrumpirse por el momento, al menos hasta que una mejora de la red ferroviaria permita anularlas en el futuro.
Aunque la medida pretende ser un antes y un después en la "reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero" según el ministro de Transportes francés, lo cierto es que estas prohibiciones afectan a una parte simbólica de las más de 100 conexiones aéreas nacionales que posee Francia en la actualidad.
Así, la polémica medida tiene detractores que la consideran insuficiente para la lucha contra el cambio climático, como la asociación Réseau Action Climat (RAC), que desde 1996 reúne a 27 organizaciones nacionales para la defensa del medio ambiente.
"El plan del Gobierno de eliminar los vuelos a menos de dos horas y media en tren, excluyendo el hub de Roissy, sólo reduciría las emisiones de CO₂ de los vuelos metropolitanos en un 6,6 % y las emisiones de todos los vuelos que salen de Francia en un 0,5 %" estimaban los ecologistas ya en 2020, cuando en plena crisis de COVID-19 el gobierno francés ya obligó a Air France a renunciar a las rutas en cuestión a cambio de apoyo financiero, al tiempo que prohibía a los competidores ocupar el lugar que quedaba libre.
Ya entonces la RAC pedía al gobierno francés la supresión de los vuelos de menos de cinco horas en tren, lo que "permitiría reducir las emisiones de CO₂ de los vuelos en Francia continental en un 60,6 % y en un 4,5 % para todos los vuelos con salida de Francia".
De aprobarse en España la medida similar propuesta recientemente por Unidas Podemos, como enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (que en este caso, toca tanto a transporte de mercancías como a vuelos nacionales de pasajeros que tengan alternativas inferiores a cuatro horas), esto afectaría sobre todo a los vuelos entre Madrid y Barcelona.
Concretamente, al puente aéreo de Iberia y a los vuelos entre las dos ciudades que cubren compañías como Air Europa o Vueling. Estos cuentan con trayectos ferroviarios directos como alternativa, la mayoría operados por Renfe con el AVE que duran dos horas y media (hasta 24, 12 desde Madrid a Barcelona y otros 12 desde Barcelona a Madrid).
De momento, el decreto francés se aplicará durante un periodo de tres años, y el gobierno realizará “una evaluación de la aplicación del presente decreto”, que se enviará a la Comisión Europea veinticuatro meses después de su publicación, como recoge el artículo 2 del texto legal.