Ropa, comida, gadgets, teléfonos móviles, consolas, coches, combustible… Se calcula que alrededor del 90 % del comercio mundial se transporta por mar. La industria marítima es vital para la economía global, pero es una de las más contaminantes: los buques liberan cantidades ingentes de emisiones de CO₂, al aire y al agua, y generan montones de residuos plásticos.
Pero poner remedio a un problema de semejante magnitud no es precisamente fácil, con millones de usuarios comprando cada día las gangas más baratas de plataformas como AliExpress, Amazon, Shein, Etsy y un largo etcétera. La Organización Marítima Internacional (OMI) cree que la solución es un impuesto al transporte marítimo que podría cambiarlo todo.
Descarbonizar el transporte marítimo es urgente: casi el total de la flota mundial está impulsada por combustibles fósiles
Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria marítima, que representan el 3 % del total mundial (algo más que la aviación), han aumentado un 20 % en la última década. Sin acción, “las emisiones podrían alcanzar el 130 % de sus niveles de 2008 para 2050”.
No ayuda la antigüedad de la flota mundial, compuesta por los menos por unos 50.000 buques de carga en constante movimiento que transportan desde alimentos y ropa hasta automóviles y petróleo. A principios de 2023, la edad promedio de estos barcos era de 22,2 años. De ellos, más de la mitad supera los 15 años: demasiado viejos para actualizarse y con años de vida por delante antes de ir al desguace.
La urgencia de la descarbonización es evidente, sin embargo, el sector se enfrenta a inversiones multimillonarias en medio de la incertidumbre sobre los mejores métodos de transición. Los combustibles alternativos son una opción prometedora, pero su adopción sigue en las primeras etapas y son caros: se calcula que un alarmante 98,8% de la flota mundial es impulsada por combustibles fósiles.
En el lado positivo de la balanza, según la UNCTAD, “aproximadamente el 21 % de los barcos que se fabricarán próximamente operarán con alternativas más limpias como gas natural licuado, metanol y tecnologías híbridas”. Además, la agencia de las Naciones Unidas, que regula el sector del transporte marítimo, acaba de poner sobre la mesa el primer impuesto mundial al carbono de los buques de carga.
La propuesta obligaría a las navieras a pagar un impuesto por cada tonelada de carbono que emitan al quemar combustible. “Estoy muy seguro de que va a haber un mecanismo económico de fijación de precios para el año que viene por estas fechas”, ha declarado Arsenio Domínguez, Secretario General de la organización.
Eso podría recaudar una cantidad significativa de dinero y conducir por fin a cambios radicales en la industria del transporte marítimo. También sería un primer paso hacia el noble objetivo de un impuesto mundial y unificado: unos 70 países y estados de todo el mundo han puesto precio ya de alguna forma al carbono, ya sea mediante impuestos o mecanismos de comercio.
Pero todavía no es suficiente para materializar medidas drásticas de política climática. ¿Y cómo se distribuiría la recaudación del impuesto sobre el carbono al transporte marítimo?
Según un estudio capitaneado por Dominik Englert, economista que investiga el transporte marítimo ecológico en el Banco Mundial, el dinero se podría invertir en medidas de eficiencia que pudieran reducir los costes del transporte marítimo para los países más pobres y desplegar una acción climática más amplia. Pero, “dados los volúmenes que vemos y las necesidades que tenemos, creemos que el impuesto puede ir más allá del transporte marítimo”, avisa.
Cobrar por las emisiones de carbono de los buques podría repercutir básicamente en todo lo que compramos: la ropa, los móviles y la tecnología de China, el café de Colombia, las camisetas o los vaqueros “made in Vietnam” nos llegan por barco. Incluso los coches.
Así, los países pequeños podrían acabar pagando precios más altos por productos básicos. Además, los países que construyeron sus economías en torno al transporte marítimo de productos básicos podrían perder importantes ingresos, ya que esta actividad representa gran parte de sus exportaciones.
Está claro que aún queda mucho por hacer. Pero este primer paso de la OMI, en línea con sus estrategias a medio plazo ya definidas el año pasado, podría estar en marcha antes de 2027: las decisiones de esta organización se toman por mayoría simple de los países miembros. De momento, se están considerando hasta siete propuestas diferentes en las que los precios oscilan entre los 20 y los 50 dólares por tonelada de emisiones de CO₂, según la organización marítima.