Después del caso de Mitsubishi y de reconocer que habían manipulado las emisiones de 625.000 vehículos, las autoridades japonesas han aumentado el recelo con el que observan a sus fabricantes propios.
Hace un par de semanas, las sospechas se cernían sobre el cuarto fabricante del país, Suzuki. La historia ha vivido hoy un nuevo capítulo con la visita inesperada de los investigadores del gobierno japonés a la sede de la compañía, en una semana poco afortunada para ellos, pues esto ocurría horas después de que la compañía detuviera su actividad en la fábrica de Aisin Advics por culpa de una explosión.
Con respecto al tema de los consumos, las presuntas irregularidades vinculadas a Suzuki se destapaban el pasado 18 de mayo tras una rueda de prensa en la que la compañía admitía en el Ministerio de Transportes que había medido de forma incorrecta los consumos de 26 modelos cuyas ventas superaban los dos millones de unidades, sin haber sido repartidas más allá de Japón.
Diez dias después, el presidente de honor, Osamu Suzuki, salía al paso para tratar de zanjar el asunto: confirmando que internamente no se habían ceñido a la homologación que marca la ley, pero que no había intención de manipular el consumo, a pesar de que todas homologaciones del fabricante coincidían con ser más optimistas en los consumos que el resultado final en los vehículos. En concreto, se apuntó que el sistema que mide la eficiencia de los modelos en la compañía no se ajustaba plenamente a los estándares nacionales sobre resistencia aerodinámica.
Todo había quedado en un pequeño desliz que parecía listo para ser olvidado, hasta hoy, día en el que los técnicos del Ministerio de Transporte se han permitido el lujo de acometer una redada a la sede de Suzuki, en un intento de formarse una opinión propia sobre la mala praxis del fabricante. Veremos qué sacan en claro contrastando la versión oficial del fabricante.
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