He aquí un nuevo episodio de la lucha en la industria del automóvil a nivel europeo, uno de esos de los que el espectador cree ya haber visto en muchas ocasiones. Y es que tras el escándalo de las emisiones de Volkswagen se abrió una nueva esperanza "jedi" capitaneada por algunos estadistas europeos, quienes creían que el fraude del fabricante alemán sería la gota que colmaba el vaso y que serviría para tratar de rectificar unas políticas volcadas en retrasar, entre otras cuestiones, la transición hacia un transporte desprovisto de emisiones nocivas.
Ante el escepticismo de muchos, hace unos meses la [Comisión Europea se ratificada anunciando sanciones](Unión Europea) para los países que no cumplieran con su labor de supervisión de las normas. Entre estos estaba España, por hacer la vista gorda su gestión del asunto dieselgate. Pues bien, parece que la historia vuelve a repetirse, a tenor del último informe presentado en el Parlamento Europeo, en el que se apunta a varios países, entre ellos España, de obstaculizar las próximas normas anti-contaminación y de control a la industria del automóvil.
La investigación también critica la labor de la Comisión Europea, por no ser capaces de penalizar las relaciones entre el lobby y los burócratas que permiten que en nuestro continente pueda haber modelos que sigan utilizando sistemas fraudulentos. En Volkswagen se permitían el lujo de recordárnoslo recientemente: sus modelos trucados no infringen la ley en Europa.
Para entender mejor la cuestión, haremos una labor de simplificación. Ocurre que por una parte existe una tendencia de fabricantes y políticos a denunciar los fraudes con las emisiones, el actual ciclo NEDC y hasta a pedir nuevas normas más duras, mientras que en el campo de batalla legislativo, las mismas partes se dejan la piel por lo contrario. No hay más que observar lo que ocurría hace un tiempo con el cambio en el ciclo NEDC.
Hay que tener en cuenta que esgrimen un argumento no menos importante, que la industria se resentiría ante cambios demasiado abruptos, es decir y dicho de una forma más demagoga sensacionalistas, "se perderían puestos de trabajo". No les falta razon, aunque eso no justifica esa doble actuación, en cierto modo hipócrita, y mucho menos el ocultar métodos fraudulentos. No lo decimos nosotros, sino la propia Unión Europea.
En cualquier caso, el informe culpa a Francia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y España de bloquear la situación. Sin olvidar que esta misma semana también se hablaba de la mano, algo más oculta, de Berlín y Roma para influenciar los votos de estos países.
Imagen | Márcio Cabral de Moura (CC)
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