Este año ha empezado con una clara tendencia al alza en el precio de la gasolina y el diésel. Con el litro de gasolina 95 a 1,62 euros de media y el del gasóleo ya a 1,68 (un 7 % y un 24 % más que hace un año, respectivamente) para la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), las previsiones para los próximos meses no son alentadoras.
Entre los motivos para el pesimismo no solo encontramos el fin descuento de los 20 céntimos al carburante para particulares (que se notará, pese a la guerra que tienen abierta las grandes gasolineras clientes a las ‘low cost’). Además, llegan cambios normativos a nivel Estatal y Europeo, que acaban afectando al precio final que pagamos los consumidores.
Baile de impuestos en un contexto de incertidumbre
A nivel estatal, empezamos el año con la entrada en vigor del RD 20/2022, el último paquete de ayudas del Gobierno en respuesta al contexto de crisis energética en el que nos encontramos (y que irá dotado de 10.000 millones de euros).
En el texto normativo, además de hacerse alusión al fin de la bonificación a los combustibles a excepción de casos como el transporte profesional por carretera, los agricultores, las navieras y los pescadores, se establecen las variaciones semestrales del coste de las materias primas necesarias para los combustibles fósiles (cada vez más caras) como referencia fundamental para la estimación del precio.
En este sentido, para las flotas movidas por gas, se prevé una compensación de 27 céntimos hasta marzo y de 14 céntimos durante el segundo trimestre del año, dadas las circunstancias excepcionales a las que se enfrentan los precios del gas.
Además, y como ya sucedía en el RD 6/2022, se refiere a la actual Directiva de Calidad de Carburantes Europea, que entre otras cosas, establece medidas enfocadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida de los combustibles.
Así, se especifica que se ha de incrementar el porcentaje de biocarburantes y biogás en cada litro de carburante, del 7,5 % actual al 10,5 %. Según el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Navarra, Jon Villares Echaide, esta exigencia europea “encarecerá el precio del gasóleo y de la gasolina en hasta 6 céntimos por litro”.
Sumado a todo lo anterior, Echaide estima que pronto llenar un depósito de unos 50 litros resultará unos 13 euros más caro de media. Pasando a costar de 65 a 78 euros en el caso de los gasolina y de unos 70 euros de media hasta los 83, en el caso de los diésel.
Respecto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, un impuesto a nivel nacional que grava los carburantes con dos tramos (general y especial) los cuales se aplican sobre cada mil litros del combustible en cuestión, aunque una supuesta subida lleva tiempo sobre la mesa, parece que finalmente no se dará en los próximos meses.
Este gravamen actualmente es de 0,473 euros/litro de gasolina, mientras que para el gasóleo es de 0,379 euros/litro, aunque igualar el tipo de ambos combustibles lleva años en la agenda de la Comisión Europea, por considerar que no están justificadas las ventajas fiscales de las que sigue beneficiándose el gasoil en el mercado español.
De momento, España tampoco se plantea reducir el IVA de los carburantes, como sí lo han hecho varios países europeos como Francia, Bélgica, Italia, Irlanda, los Países Bajos o Portugal, entre otros.
Directivas Europeas que tampoco ayudan al bolsillo del consumidor
En este punto, hemos de recordar que gran parte del precio final de los combustibles lo determinan los impuestos. Para hacernos una idea, la materia prima determina aproximadamente un 36 % del precio final, y a este valor hay que añadir en torno al 50 % en impuestos.
En España, son el IVA (del 21 % en la Península), el IEH y el Impuesto de Ventas Minoristas. Asimismo, hay que sumar también los costes fijos de logística y distribución (un 12 % aproximadamente), y el margen bruto que se queda el mayorista.
Por último, en el precio final que pagamos en las gasolineras por el combustible intervienen otros factores más allá del precio del petróleo en sí o la calidad del combustible, el tipo (el gas GLP es más barato que el GNC, por ejemplo), como las tensiones entre oferta y demanda.
Tampoco podemos ignorar que actualmente en la Unión Europa se debate la implementación de la última Propuesta de Directiva sobre Energías Renovables, en el marco del Pacto Verde Europeo y sus medidas Fit for 55.
La directiva vigente (RED II) establece la obligatoriedad de que al menos el 32 % de su consumo energético proceda de fuentes de energía renovables para 2030, pero la Comisión considera que no es suficiente y debe aumentarse al 38-40 %, según el Plan de Objetivos Climáticos (CTP).
Al mismo tiempo, la propuesta de modificación promueve la utilización de combustibles renovables, como el hidrógeno en la industria y el transporte, e incluye una cláusula para una posible revisión de aquí a 2023 y un objetivo incrementado del 14 % para la cuota de combustibles renovables en el transporte de cara a 2030.
Mientras tanto, al mismo tiempo que se eleva la factura para los consumidores en las estaciones de servicio, las grandes petroleras siguen aumentando sus márgenes de beneficios. Si las principales empresas como las eléctricas, gasistas y petroleras siguen en manos privadas, podrán seguir trasladando los impuestos sobre sus beneficios a los precios que cobran a los consumidores.
Para los mecanismos de control evitar que esto pase es difícil, pues como pasó ya con el descuento obligatorio a los combustibles, estos siempre se podrán incluir en los márgenes de beneficio.