Repsol, Cepsa y BP bajo investigación por supuestas prácticas desleales con sus descuentos al diésel y la gasolina

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha anunciado que ha abierto una investigación a tres grandes petroleras por “posibles prácticas anticompetitivas” relacionadas con los descuentos a los carburantes. Aunque el organismo no lo confirma, se trata de Repsol, Cepsa y BP las que de momento están en el punto de mira de la entidad.

Así lo han afirmado a varias fuentes las propias petroleras tras haber sido objeto de varias denuncias presentadas por dos asociaciones de operadores independientes, quienes consideran “que los agresivos descuentos” de estas tres compañías (hasta 10 céntimos por litro, además de los 20 céntimos del Gobierno) llevan meses dejándoles fuera del mercado.

Estrategias agresivas para aumentar aún más sus beneficios

Como apunta en su comunicado la propia CNMC, estas investigaciones “a diversos operadores activos en el sector energético español” por posible competencia desleal se iniciaron entre el pasado 28 de noviembre y el 2 de diciembre, tras la presentación de varias denuncias.

Según han confirmado fuentes del sector a El País, estas denuncias provienen principalmente de dos operadores independientes que acusan a las petroleras de estar violando las normas de competencia para disparar aún más sus beneficios.

Estos operadores, que aún no han salido a la luz, denuncian un abuso tanto de cara al consumidor final en sus propias estaciones de servicio mediante su “agresiva política de descuentos”, como con los altos precios que estas grandes petroleras fijan a las gasolineras independientes a las que proveen de combustible.

La combinación de ambas prácticas, según estos operadores más pequeños, les están sacando del mercado. Y esto se suma a "la falta de liquidez que les lleva asfixiando meses", como ya declaró a Motorpasión el máximo responsable la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, en una entrevista el pasado mes de abril.

Una investigación con el final del descuento a la vuelta de la esquina

Según los propios informes de la CNMC, en plena crisis energética y con el precio de los carburantes por las nubes el último año, las petroleras llevaron en julio sus márgenes brutos de beneficio a niveles de récord después de imponerse el descuento de 20 céntimos a los carburantes.

Y si ampliamos el horizonte a los últimos diez años el margen bruto de distribución de las gasolineras está creciendo al alza. ¿Qué quiere decir esto? En esencia, que cada vez ganan más dinero por litro vendido. Concretamente, y según la CNMC, estos márgenes prácticamente se duplicaron entre 2012 y 2020, pasando del 11 % al 21 % en el caso de la gasolina y del 12 % al 22 % en el del diésel.

Las inspecciones que tiene abiertas la CNMC en torno a las tres petroleras son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas “prácticas anticompetitivas” y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades, como recuerda el propio organismo.

Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

En la normativa, las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

A 15 días para que finalice la bonificación de 20 céntimos sobre los carburantes, y sin que el Gobierno se haya pronunciado oficialmente sobre si mantendrá esta bonificación más allá del 31 de diciembre, la investigación de la CNMC podría ser un jarro de agua fría para las petroleras.

De momento, y en torno al descuento, por lo adelantado desde el Ejecutivo se siguen barajando varias opciones pero sin nada en firme. Lo que se sigue reiterando es que, de mantenerse, se aplicará a colectivos determinados, considerados como más vulnerables.

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