Las ventas de Volkswagen no se han visto afectadas en absoluto por el escándalo Dieselgate: ha batido su récord en 2016 con un total de 10,31 millones de unidades vendidas a nivel global, lo que supone un incremento del 3,8 % respecto a 2015. Y 2017 vaticina ser aún mejor, aunque hasta el 17 de enero no se publicarán los resultados financieros.
Al margen de ventas, sabemos que en España el escándalo ha pasado sin pena ni gloria, y sin sanciones para el consorcio de Wolfsburgo. La última noticia que teníamos sobre demandas era en 2016 y con fallo a favor de Volkswagen, pero hace solo unos días, un juez de Manacor, Mallorca, ha dictado la primera sentencia en España y en Europa que condena al pago de 19.378,11 euros, más intereses, a un afectado por el Dieselgate.
Llantas y cubiertas orientadas al bajo consumo
Tal y como informa el bufete que ha interpuesto la demanda, Martínez-Blanco Abogados, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manacor ha declarado nulo un contrato de compraventa de un vehículo afectado por el escándalo de las emisiones contaminantes del Grupo Volkswagen.
El vehículo en cuestión es un Škoda Yeti Greenline comprado en diciembre de 2012 en Manacor. El apellido Greenline, por ser más ecológico que otros vehículos de la misma gama, según la publicidad. Sin embargo, el modelo había sido trucado y provocaba más emisiones de Nox que las homologadas oficialmente.
El asunto se llevó a juicio a principios de 2016, tal y como nos confirma el bufete, y el fallo fue fechado el 5 de enero de 2018. Se concluye que Volkswagen y el concesionario donde se adquirió el coche, Motor Insular, deberán pagar al propietario el precio del vehículo en el momento de la compra: 19.378,11 euros más los intereses legales generados a favor del afectado, que deberá a su vez devolver el coche. El demandante, además, no tendrá que descontar de esa cantidad la depreciación del coche durante los seis años disfrutados.
El juez titular, Tomás Sánchez Puente, declara en su sentencia que "el jefe de taller de Motor Insular afirmó que el modelo montaba unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo, y que se vendió bastante poco". Desde Martínez-Blanco Abogados nos aclaran que el jefe de taller del concesionario, durante el interrogatorio, alegó que el Yeti no era un coche muy vendido y que utilizaban el reclamo de las bajas emisiones para promover su venta.
Este hecho provocó un error en el consentimiento prestado por el afectado en el momento de la compra "porque la falta de adecuación del vehículo a las condiciones de respeto al medio ambiente singularmente se tuvo en cuenta en la adquisición del vehículo, y se determinó una objetiva insatisfacción del comprador, y con ello la aplicación de la doctrina "entrega de cosa diversa a la pactada por las partes".
Añade además que el vehículo ha estado funcionando con el software alterado durante cinco años y por más de 57.000 kilómetros, por lo que aunque se reconfigurase "nunca podrían subsanarse las emisiones de gases producidas con anterioridad".
Cabe destacar que contra la sentencia cabe recurso de apelación.
Sentencia pionera y una causa en fase de instrucción
Tal y como apuntábamos al comienzo, no hemos tenido muchas noticias acerca de los 60.000 afectados por el Dieselgate en España. En 2016, un juzgado de Cantabria desestimaba una demanda presentada por un cliente particular de Volkswagen que pedía a la compañía fabricante de automóviles la devolución del importe pagado por su coche, afectado por el escándalo de los motores diésel modificados.
Para el juez, la decisión de Volkswagen de reparar el software mal intencionado de manera gratuita era la adecuada. En el caso de Manacor, el bufete de abogados que ha llevado el caso considera una condena "pionera en España y en Europa", ya que hasta la fecha, lo máximo que se había reconocido en tribunales era una indemnización a los afectados entre 500 euros y el 10% del valor del vehículo.
A parte de las reparaciones oportunas, la máxima concesión que obtendrán los afectados europeos es una garantía extra de dos años. El director ejecutivo de Volkswagen, Matthias Müller, alegó en 2016 que no era viable económicamente compensar a los 8,5 millones de afectados en Europa hasta que no hubiera necesidad de hacerlo.
Tal y como nos comenta la asociación de consumidores FACUA, se ha personado como acusación particular en el procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional contra Volkswagen. Nos comunican que hay alrededor de 7.000 conductores en esta causa, aún en fase de instrucción.
El equipo jurídico de la asociación llevará la dirección del procedimiento y decidirá, llegado el momento, la cuantía de la responsabilidad civil y las posibles indemnizaciones que corresponda reclamar. La cifra de inicio que se tomará como referencia es la de 4.400 euros (5.000 dólares), que es la cantidad ofrecida por Volkswagen a los afectados en Estados Unidos tras sus negociaciones con la Fiscalía General, las autoridades medioambientales y los Estados federados.
Por su parte, Martínez-Blanco Abogados, representa a 1.500 afectados, alrededor de los cuales 150 casos van por vía judicial.