El jefe de policía de un pueblo de Indiana (Merrillville, EEUU), Konstantinos Nuses, ha desatado una tormenta mediática: harto de los fallos de sus coches patrulla Dodge Durango, además de criticar abiertamente a Stellantis y pedir disculpas a los contribuyentes por gastar su dinero “en una flota de fiascos”, ha decidido malvenderlos.
Según Nuses, los Dodge Durango reconvertidos en coches patrulla (la mayoría, con menos de 24.000 km) habrían sufrido múltiples averías en el motor debido a un problema con el refrigerador de aceite, que funciona cuando el motor se pone en marcha y cuyo propósito principal es el de enfriar el aceite conforme este fluye cerca de él.
“La situación no es sólo decepcionante, es fundamentalmente injusta”, dice Nuses.
“La situación no es sólo decepcionante, es fundamentalmente injusta”, dijo Nuses en una carta para los ciudadanos de Merrillville, que publicó en el Facebook del departamento y que también leyó en una entrevista con la cadena Fox 32 Chicago. “Todos nosotros, contribuyentes y departamentos de policía por igual, hemos pagado por un producto defectuoso, y Dodge no ha asumido la responsabilidad ni ha proporcionado una solución”.
Hasta 2019 los vehículos estándar del departamento eran los Ford Police Interceptors. Pero por problemas de suministros y repuestos a consecuencia de la pandemia, Nuses recurrió a los concesionarios locales, que le proporcionaron los Durango como una alternativa adecuada para la policía.
Pero en apenas tres años, lo que parecía una solución esperanzadora pronto se transformó en pesadilla. Según Nuses, los problemas empezaron a finales de 2022, cuando los Durango comenzaron a experimentar fallos de motor causados por un defecto en el radiador de aceite, afectando a vehículos que, “en su mayoría, tenían menos de 24.000 km”.
Tras enfrentarse a continuas averías y la “falta de soluciones efectivas” por parte de Stellantis, Nuses ha decidido vender los SUV “con pérdidas económicas significativas” sin especificar más, pero criticando duramente al gigante automovilístico por no asumir su responsabilidad.
Mientras tanto, en respuesta a las acusaciones de Nuses, Stellantis ha declarado a la NBC5 Chicago que: “El Dodge Durango Pursuit cumple o supera todas las normas federales de seguridad aplicables a los vehículos de motor y está sujeto a severas condiciones de funcionamiento a las que la versión estándar del Durango es inmune”. “Además, algunos problemas del radiador de aceite son difíciles de detectar, lo que puede provocar daños colaterales y una solución muy compleja”.
“Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente causado a nuestros valiosos clientes de la comunidad policial y estamos trabajando para agilizar el servicio para cualquier vehículo afectado”, añadía el fabricante, al que pertenece la marca Dodge. No obstante, las dificultades de la policía de Merrillville con este modelo no son un caso aislado.
En junio de 2023, la Policía Estatal de Indiana (ISP por sus siglas en Inglés), emitió un comunicado similar en relación con los problemas de los nuevos vehículos policiales Dodge Durango. En concreto, 39 de sus 218 Durangos habían sufrido problemas mecánicos similares, lo que llevó a que casi el 20 % de su flota estuviera fuera de servicio temporalmente.
Entonces el ISP había encargado 516 Durangos por un valor total de 25,8 millones de dólares (24,3 millones de euros), a un precio aproximado de 50.000 dólares (47.000 euros) por unidad. La ISP también denunció la falta de soluciones rápidas y los prolongados tiempos de reparación, que variaban de cuatro a ocho semanas.
“Los ciudadanos y contribuyentes de Indiana están siendo estafados y merecen algo mejor”, expresó entonces Doug Carter, portavoz del ISP. A pesar de que la compañía ha dicho estar haciendo esfuerzos “por agilizar el servicio”, la situación ha generado una oleada de quejas y preocupación por parte de los departamentos de policía afectados.