Más novedades en cuanto a la convulsa relación de los fabricantes de coches y la ley. Según informa la cabecera Nikkei Asian Review, Suzuki, Yamaha y Mazda se ha visto implicados en una serie de investigaciones relacionadas con las emisiones y consumo en Japón, siguiendo la estela de Subaru y Nissan.
Mazda ha detectado 72 vehículos que fueron probados de forma irregular durante el proceso de garantía de calidad de un total de 1.875 unidades analizadas, pero no reconoce alteraciones o falsificaciones en los datos relativos a sus emisiones y su ahorro de combustible.
El Ministerio de Transportes cambiará su ordenanza
Según ha anunciado el Gobierno japonés, Mazda, Suzuki y Yamaha probaron de forma inadecuada vehículos, de forma que los datos de consumo real habrían sido alterados en algunos modelos de muestra probados durante las inspecciones finales de los vehículos.
Tras una orden gubernamental de verificación, Suzuki descubrió pruebas realizadas de forma irregular en 6.401 unidades de 12.819 desde 2012. Mazda por su parte detectó pruebas inapropiadas en 72 vehículos de 1.875 desde 2014 pero no reconoce alteraciones o falsificaciones de los resultados, mientras que Yamaha encontró siete casos de 335 desde 2016.
El presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki, se ha disculpado por las acciones de su compañía en una conferencia de prensa, aludiendo a una incorrecta formación de su personal y descartando llamadas a revisión.
Aunque las lecturas de consumo no entran dentro de los requisitos de seguridad ni alterarían el rendimiento, mostraría un número mayor de kilómetros hechos con cada litro de combustible, y por tanto una mayor eficiencia.
A raíz de estos escándalos, el Ministerio de Transportes cambiará su ordenanza ministerial para solicitar a los fabricantes de automóviles que guarden los resultados de las pruebas de los vehículos fabricados y tomen medidas para evitar la alteración de los resultados.
La industria automovilística nipona no levanta cabeza: una retrospectiva
Cuando surgió el primer escándalo en 2016, se descubrió que Mitsubishi y Suzuki realizaron estas pruebas durante la fase de desarrollo del vehículo de una manera que no cumplía con las reglamentaciones nacionales y en condiciones no válidas.
Pero a finales de 2017 se deshacía la enorme bola de nieve que la industria automotriz nipona soportaba cautelosamente. Nissan decidió anunciar irregularidades detectadas por el Ministerio de Transporte de Japón durante inspecciones en sus fábricas, provocando la llamada a revisión de más de un millón de unidades.
Después vendría Subaru, también investigado por el Ministerio de Transporte a finales de octubre después de que revelaran controles inapropiados de la misma naturaleza que los de Nissan.
Reconoció que trabajadores no certificados llevaron a cabo inspecciones finales de sus automóviles infringiendo las regulaciones gubernamentales durante más de tres décadas. En diciembre, cuando aún se estaba recuperando del escándalo, otro posible engaño salió a la luz: sus inspectores pueden haber manipulado el consumo en sus vehículos durante las inspecciones finales.
El escándalo de Nissan y Subaru se unió al de Kobe Steel, con la posible falsificación de estudios sobre su producción de aluminio y cobre durante los últimos 10 años, afectando aproximadamente a 500 compañías de todo el mundo.