Llevamos unos años con idas y venidas, "globos sonda" y mucho debate en torno al sistema de pago por uso de autovías y autopistas en España. Un modelo que el Gobierno quiso implantar para hacer frente al mantenimiento de la red vial y que rápidamente tuvo que ser congelado ante la oposición social y política.
El paso atrás es definitivo, puesto que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que el estudio para implementar estos peajes ha quedado fuera del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (que ha de tramitarse) y se ha suprimido definitivamente de la ley. Pero a cambio de algunas novedades.
El transporte de mercancías, mejor por tren
Según recoge Europa Press, se ha acordado con Bruselas suprimir este pago por uso en las vías de alta capacidad, pero a cambio se aumentarán las inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril con el objetivo implícito de que el volumen de transporte por carretera disminuya y el que se realiza por tren alcance el 10 % de la cuota en 2030 (el porcentaje actual es del 4 %):
"Tenemos que subir mercancías al tren y bajarlo de las carreteras", ha explicado puente en declaraciones recogidas por elDiario.es.
En torno a este acuerdo hay tres objetivos: desarrollar autopistas ferroviarias, bonificar los cánones que Adif cobra a los operadores durante 5 años y lanzar apoyos e incentivos al sector.
Además de esto, se pone sobre la mesa aprobar peajes urbanos a la carta en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE); es decir, una tasa para circular por las ZBE. Puente se ha referido ellas como "un peaje opcional" que las ciudades puede cobrar a los conductores por acceder a las urbes en las que esta medida está implantada. Esto significa que se redactará la normativa para que las ciudades que no cuenten con una ZBE puedan implantarla y sancionar los accesos indebidos de acuerdo a las peticiones de algunos ayuntamientos:
"Nos lo solicitaban ayuntamientos, pero la Ley habilita, no obliga, son los ayuntamientos los que deciden", ha justificado. Recordamos que la normativa que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener al menos una ZBE activa entró en vigor el 1 de enero de 2023, y desde entonces solo 14 municipios de 151 la han cumplido.
La Ley de Movilidad Sostenible ha de aprobarse junto a Bruselas y estar en vigor antes de fin de año, porque de ella depende la séptima entrega de fondos europeos procedentes de la UE.