Lo conocemos por sus siglas: PIVE, pero a menudo se nos pasa por alto su cometido. Se trata de un Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente que busca potenciar el relevo del parque vehicular con opciones más eficientes, energéticamente más limpias y sostenibles.
Según el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, que se aprobó la semana pasada, se van a destinar un total de 66,6 millones de euros a promover la compra de este tipo de vehículos. Y, por primera vez en la historia del PIVE, los vehículos diésel podrían quedarse fuera del plan de ayudas.
La idea es unificar los planes PIVE y MOVEA (de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas), y que haya un solo programa que fomente la compra de vehículos con bajas emisiones o con energías alternativas. Dentro de este grupo se encuentran la electricidad, el GNC y el GLP, además de las motorizaciones híbridas.
La idea también es apartarse del modelo convencional de PIVE, consistente en incentivar la compra de coches nuevos a cambio de achatarrar coches usados, aunque no está claro en qué medida cambiarán las cosas con el futuro plan de ayudas. Todo apunta a un plan refundido entre PIVE y MOVEA, que tendrá un carácter más general que esos dos por separado.
Un plan que "tratará de no perjudicar al diésel"
El año 2016 cerró con un declive de diésel en las ventas de turismos en España. Y España ha sido, tradicionalmente, un gran comprador de diésel en el seno de la Unión Europea. Europa pide restricciones cada vez más exigentes a este tipo de motorizaciones, y más aún teniendo en cuenta que los modelos que en el banco cumplen Euro 6 pueden estar arrojando en la calle niveles muy superiores a los válidos para homologación.
Todo esto, teniendo en cuenta los elevados costes para los fabricantes para cumplir con Euro 6, nos lleva a un cambio de rumbo bastante lógico, cuyos primeros rasgos ya se han dado a conocer. Por ejemplo, Renault se va despidiendo del diésel y Volvo hace lo mismo, mientras Volkswagen ajusta sus cuentas por el Dieselgate.
No sería de extrañar, por tanto, que cuando en el Gobierno afirman que el nuevo Plan PIVE, o como se llame, "tratará de no perjudicar al diésel", se entienda que las ayudas dejarán fuera a los coches de gasóleo, o que las exigencias serán tan restrictivas que los dejarán fuera de facto, aunque sobre el papel no se los llegue a censurar.
La asociación de fabricantes, ANFAC, ya ha expresado su rechazo a este tibio anuncio, por cuando las ventas de diésel constituyen todavía —y no parece que vaya a haber un cambio drástico de la noche a la mañana— una importante cuota en turismos. En mayo de este año, la cuota de venta de diésel estuvo aún en el 49,0 % (50,5 % en el acumulado de 2017). La cifra queda muy lejos del 68,9 % que registraban estas motorizaciones, por ejemplo, hace sólo cinco años, pero todavía constituye prácticamente la mitad del volumen de matriculaciones de turismos.
En consonancia con todo esto, los fabricantes piden a la Administración que se mantengan las ayudas al diésel, ya que los vehículos nuevos que hay en el mercado cumplen con la normativa Euro 6, encaminada precisamente a conseguir vehículos de bajas emisiones.
Sumando las ocho ediciones del Plan PIVE, las ayudas públicas a la compra de vehículos se cifran en 1.115 millones de euros, más otros tantos aportados por una parte de los fabricantes de coches. Con este plan de incentivos se han logrado renovar 1,1 millones de vehículos en España, según fuentes del sector.
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